El Gobierno proyecta más fondos automáticos para las provincias en 2027

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El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 prevé un incremento real del 7,5% en las transferencias automáticas a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que alcanzarían los $104.031.500 millones. De concretarse estas proyecciones, las remesas automáticas vía coparticipación y otros regímenes representarían el 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Este crecimiento se apoya en una mejora esperada de la recaudación tributaria nacional, particularmente en impuestos clave para la coparticipación como el IVA y Ganancias. La mayor disponibilidad de recursos automáticos aparece en un contexto de ajuste sobre otras partidas y de búsqueda de equilibrio fiscal en todos los niveles del Estado.
Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado a partir de los datos oficiales, la evolución de los fondos no será uniforme entre las jurisdicciones. Las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz y San Luis figuran entre las que tendrían los mayores incrementos, con subas superiores al 8% en términos reales. En el extremo opuesto, Salta mostraría el avance más moderado, con un alza estimada del 5,6%.
El trabajo advierte que solo un grupo de ocho provincias lograría, hacia 2027, un nivel de recursos en moneda constante superior al de 2023, mientras que las otras dieciséis todavía exhibirían caídas reales respecto de ese año. Es decir, el rebote de los ingresos provinciales sería parcial y no alcanzaría de la misma manera a todo el mapa subnacional.
Recortes en giros discrecionales y financiamiento previsional
En contraste con el aumento de las transferencias automáticas, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé una merma real del 1,8% en las transferencias no automáticas a provincias y municipios, que sumarían $2.588.186 millones, equivalentes al 0,2% del PIB. En este rubro se incluyen giros discrecionales y fondos especiales, cuyo uso suele concentrarse en obras y programas específicos.
Dentro de estas partidas, se proyecta que las transferencias corrientes caigan 0,4% en términos reales, mientras que las de capital —vinculadas principalmente a infraestructura— retrocederían 20%. Además, para el financiamiento de las Cajas Previsionales provinciales no transferidas a la Nación, el artículo 60 asigna $503.326 millones a través de la ANSES.
El texto establece que podrán solicitar anticipos a cuenta únicamente aquellas provincias con déficit previsional reconocido, ya sea provisorio o definitivo, en el marco de un acuerdo firmado con la Administración Nacional de la Seguridad Social. En paralelo, el crédito destinado a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) asciende a $300.994 millones, aunque el informe advierte que su ejecución quedaría muy por detrás del crecimiento de los fondos automáticos, lo que implicaría una marcada subejecución del fondo ATN.
Provincias: leve mejora fiscal y superávit primario
En materia de cuentas públicas, las proyecciones oficiales indican que el consolidado de los 24 distritos cerraría 2027 con un superávit primario equivalente al 0,2% del PIB y un déficit financiero acotado al 0,04% del producto. Esta mejora relativa se explicaría por un aumento real anual de los ingresos totales de las jurisdicciones subnacionales en torno al 4%, frente a un crecimiento del gasto total de 2,3%.
Para los gobiernos provinciales, el esquema propuesto implica mayor dependencia de los recursos automáticos de origen nacional y menos margen de maniobra mediante fondos discrecionales. Especialistas advierten que este diseño podría favorecer la previsibilidad en la distribución, pero al mismo tiempo limitar herramientas de asistencia rápida ante emergencias o desequilibrios puntuales.
El informe de Politikon Chaco concluye que la combinación de más recursos automáticos, menor peso de las transferencias discrecionales y una expansión moderada del gasto daría lugar a una mejora gradual, aunque heterogénea, de la situación fiscal provincial hacia 2027.
Con el debate presupuestario por delante en el Congreso, gobernadores y legisladores provinciales se preparan para discutir no solo el volumen de recursos previstos, sino también la calidad y composición de los fondos que recibirán, en un contexto de exigencias de equilibrio fiscal y tensiones por la distribución de la renta federal.

