Milei envió al Congreso una dura ley por Malvinas

El Gobierno impulsa una nueva Ley de Defensa de la Soberanía

NewsITe

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que apunta a endurecer de manera significativa las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en otros territorios bajo disputa sin autorización argentina.

El texto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, amplía el alcance del régimen vigente desde 2011, que estaba focalizado en las actividades hidrocarburíferas. Ahora, la regulación se extiende a todo tipo de recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.

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Según la iniciativa, quienes participen en la exploración, explotación, transporte o almacenamiento de recursos naturales sin permiso argentino podrán enfrentar multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de licencias y permisos. En casos más graves, cuando se trate de recursos no renovables, las penas de prisión previstas van de 12 a 20 años.

Penas más severas para empresas y proveedores

El proyecto contempla un endurecimiento adicional para las actividades vinculadas a hidrocarburos. Para la extracción, transporte o almacenamiento sin autorización argentina, las penas de prisión se ubicarían entre los 15 y 20 años. Las multas, en tanto, podrían llegar al equivalente a tres millones de barriles de petróleo.

La iniciativa también apunta a proveedores y socios estratégicos de las empresas que intervengan en estas explotaciones, estableciendo sanciones de entre cinco y siete años de prisión para quienes suministren bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino. A nivel corporativo, las compañías involucradas podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años e incluso la disolución o liquidación.

Una firma inhabilitada no podrá desarrollar actividades económicas en el país durante el período de sanción y perderá permisos, beneficios impositivos y ventajas previsionales. Como contrapeso, el proyecto incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización que ofrece una vía para abandonar las actividades cuestionadas y normalizar la situación a cambio de determinadas condiciones económicas o de inversión en la Argentina.

Creación de un Sistema de Seguridad Nacional

Más allá del capítulo específico sobre recursos naturales, la propuesta crea un Sistema de Seguridad Nacional orientado a coordinar la acción del Estado en ámbitos diplomáticos, económicos, jurídicos, cibernéticos, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas.

  • El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe de Estado.
  • Formarán parte el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, entre otros funcionarios.
  • Se prevén protocolos para actuar ante aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles.

En el frente marítimo, fluvial y lacustre, el proyecto detalla un esquema gradual que va desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización de buques, una vez agotadas opciones menos lesivas. El hundimiento se reserva como medida militar de carácter excepcional ante un buque hostil y requerirá autorización presidencial expresa, quedando prohibida su utilización como sanción o mecanismo policial frente a embarcaciones civiles.

Con el envío del proyecto a Diputados, se abre ahora una etapa clave de negociación política para definir el cronograma de tratamiento en comisiones y el alcance final de la norma.

El debate legislativo pondrá nuevamente en el centro de la escena la histórica reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas y la disputa por la explotación de recursos en el Atlántico Sur, en un contexto regional e internacional donde la cuestión de la soberanía y la seguridad energética adquiere creciente relevancia.

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