El proyecto del Gobierno consolida el recorte en áreas clave del conocimiento
NewsITe
El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso refuerza la política de ajuste sobre el sistema científico y las universidades nacionales, dos sectores que arrastran desde hace años un profundo proceso de desfinanciamiento. La iniciativa, presentada al filo del cierre del martes, consolida una asignación de recursos que, según especialistas y actores del sector, amenaza con profundizar la pérdida de capacidades estratégicas para el desarrollo del país.
De acuerdo con el texto oficial, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia I+D+i tendrán partidas que acompañan la inflación proyectada por el Gobierno para 2027, estimada en un 18%. Sin embargo, las proyecciones privadas advierten que ese escenario luce optimista, por lo que, de no cumplirse, el sistema científico volverá a retroceder en términos reales.
El recorte se da en un contexto de fuerte deterioro del sector desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, en diciembre de 2023. En ese período, los ingresos reales de los organismos de ciencia y técnica habrían caído en torno al 35%, según estimaciones de centros de estudio. La reducción impacta en salarios, proyectos de investigación, equipamiento y en la capacidad para retener investigadores formados.
INTA e INTI, entre los más afectados
Dentro del entramado científico-tecnológico, el panorama es aún más crítico para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dos instituciones clave para la innovación en el sector productivo. El Presupuesto 2027 prevé para el INTA una quita nominal del 12,4% en sus partidas, mientras que para el INTI proyecta una caída del 5,2%.
Ambos organismos ya venían atravesando un fuerte ajuste desde 2024, con pérdida de personal calificado y reducción de actividades. En el caso del INTA, el recorte acumulado en términos reales supera el 43%, lo que afecta tanto la investigación agropecuaria como la asistencia técnica a productores en todo el país. En el INTI, la situación es aún más grave: la caída real acumulada de sus recursos roza el 49%, comprometiendo servicios de control de calidad, certificaciones y apoyo tecnológico a la industria.
Universidades nacionales en alerta por el financiamiento
Otro de los focos de conflicto del proyecto oficial son las universidades nacionales. El Presupuesto 2027 destina 7,34 billones de pesos al sistema universitario, una cifra muy inferior a los más de 11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todo el país. Desde ese ámbito sostienen que el monto propuesto ni siquiera cubre los gastos básicos de funcionamiento.
Además del aspecto estrictamente financiero, el texto incorpora un elemento que encendió luces de alarma en el mundo académico: el Capítulo II habilita al Poder Ejecutivo a exigir a las universidades el detalle de la finalidad de cada gasto ante el Ministerio de Capital Humano y le otorga la facultad de interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento.
“La cláusula cuestionada es vista por los rectores como una vulneración del principio de autonomía universitaria, consagrado en la Constitución y en leyes específicas que regulan el sistema de educación superior en la Argentina”.
Las autoridades universitarias señalan que incluso el pedido original de 11 billones de pesos es insuficiente para recomponer años de atraso y para cumplir con la ley de Financiamiento Universitario vigente. En ese marco, anticipan que, de avanzar el proyecto sin cambios sustanciales, se abrirá un escenario de fuerte conflictividad con impacto en el calendario académico, el funcionamiento cotidiano de las instituciones y la continuidad de programas de investigación y extensión en todo el territorio nacional.
