La misión de la ONU alerta por la continuidad del aparato represivo en Venezuela
NewsITe
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió que, pese a ciertas mejoras puntuales en el terreno de los derechos humanos tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro, el andamiaje represivo del Estado venezolano continúa prácticamente intacto. El informe será presentado el 18 de septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, las estructuras estatales responsables de graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad se mantienen en funcionamiento. Los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan las mismas lógicas de persecución política y control social que se desplegaron en los años previos.
La presidenta de la Misión, Sofía Macher, sostuvo que la reducción de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas registradas desde el 3 de enero de 2026, fecha del ataque militar estadounidense y la posterior captura de Maduro, no implica una reforma de fondo. “La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, remarcó.
Leyes restrictivas, colectivos armados y funcionarios clave
El informe subraya que en Venezuela siguen vigentes numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, limitar la protesta social y condicionar el trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Pese a la liberación de cientos de presos políticos y a una mayor tolerancia hacia las movilizaciones, la ONU advierte que cualquier apertura continúa siendo “frágil y fácilmente reversible”.
La Misión identificó que al menos 19 funcionarios ya señalados por su participación en abusos graves continúan en cargos clave dentro del aparato estatal. Paralelamente, no se adoptaron medidas eficaces para desarmar a los llamados “colectivos”, grupos armados civiles progubernamentales que, según el informe, mantienen vínculos operativos y logísticos con el Estado y siguen siendo una fuente de intimidación y violencia en barrios y comunidades.
De acuerdo con la investigación, estos colectivos habrían recibido respaldo político, financiamiento directo e indirecto, así como armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio por parte de dependencias oficiales, lo que los integra de hecho al dispositivo represivo del gobierno.
Torturas en cárceles y reclamo de justicia
La Misión documentó nuevas denuncias de torturas y tratos crueles en centros de detención venezolanos. En el penal de máxima seguridad El Rodeo I se registraron prácticas como la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada, conocida entre los presos como la “máquina del tiempo”.
En la instalación militar Fuerte Guaicaipuro, en tanto, se verificó el encierro de detenidos en celdas similares a fosas cavadas bajo el nivel del suelo, la exposición deliberada al frío, la privación de alimentos y otros tratos degradantes. La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero de 2026, así como muertes bajo custodia vinculadas a la falta de atención médica y a malos tratos, entre ellas la del vendedor ambulante Víctor Quero Navas.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, reclamó María Eloísa Quintero, integrante de la Misión.
El organismo de la ONU insistió en que sólo el desmantelamiento efectivo de las estructuras represivas, la independencia real del Poder Judicial y la investigación y sanción de los responsables podrán garantizar que las mejoras observadas no sean meros gestos coyunturales, sino un cambio duradero en materia de derechos humanos en Venezuela.
