La Pampa judicializa el reparto de regalías de la represa Los Nihuiles

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La provincia de La Pampa presentó una medida cautelar contra el Estado Nacional para frenar los efectos de los decretos que asignaron a Mendoza la totalidad de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel. El planteo, que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, busca preservar el esquema de distribución vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
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Según la presentación impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional supone un cambio unilateral respecto del régimen acordado décadas atrás entre las partes. La Pampa argumenta que la percepción de regalías se sostiene en el Decreto N° 1560/73 y en un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema y que fijó obligaciones claras en materia de distribución de beneficios hidroeléctricos.
En ese marco, la provincia pampeana sostiene que ninguna de las partes involucradas puede modificar por sí sola los compromisos asumidos, ya que se trata de derechos patrimoniales adquiridos. Para la administración provincial, la reasignación total de regalías hacia Mendoza configura “un avasallamiento a las autonomías provinciales” y genera “un grave perjuicio a las arcas del Estado provincial”, afectando recursos que integran su presupuesto.
Contexto del conflicto por Los Nihuiles
La controversia se inscribe en la larga disputa entre La Pampa, Mendoza y la Nación por el uso de las aguas del río Atuel y los beneficios derivados de la explotación del sistema Los Nihuiles. La represa forma parte de la matriz energética nacional y, al mismo tiempo, representa una fuente clave de ingresos para las provincias a través del cobro de regalías hidroeléctricas. Cualquier modificación en ese reparto impacta directamente en las cuentas públicas y en la planificación de obras y servicios.
El escrito presentado por La Pampa destaca, además, que el decreto cuestionado fue dictado apenas catorce días después de que la Corte Suprema citara a la provincia en una causa en trámite entre Mendoza y la Nación. Por ello, reclama que se evite que el nuevo esquema se consolide en las futuras concesiones y que se mantenga provisoriamente el régimen que rigió durante décadas, hasta que el máximo tribunal se expida en forma definitiva.
- La medida cautelar busca suspender los efectos de los decretos que favorecen a Mendoza.
- La Pampa se apoya en un convenio de 1992 homologado por la Corte Suprema.
- El gobierno pampeano denuncia un perjuicio económico y un avance sobre su autonomía.
- La Nación necesita resolver el conflicto para avanzar con la licitación de la represa.
“Ninguna de las partes puede modificar unilateralmente los compromisos asumidos en materia de regalías hidroeléctricas”, plantea el escrito pampeano al cuestionar los decretos nacionales.
Mientras se aguarda la respuesta del Estado Nacional y la definición de la Corte Suprema, el conflicto suma un nuevo capítulo en la puja histórica entre las provincias por el manejo del río Atuel. La resolución de esta disputa no solo definirá el reparto de los recursos de Los Nihuiles, sino que también sentará un precedente clave para futuras negociaciones sobre obras y recursos hídricos compartidos en el país.

