La causa por presunto enriquecimiento ilícito entra en una fase decisiva

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La investigación judicial sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni atraviesa días determinantes. Esta semana vence el nuevo plazo otorgado por el fiscal federal Gerardo Pollicita para que el ex funcionario responda un extenso cuestionario sobre el origen de sus bienes y movimientos de dinero, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Según confirmaron fuentes judiciales, Adorni tiene tiempo hasta el próximo martes para contestar 20 preguntas puntuales formuladas por el Ministerio Público. No obstante, en los tribunales no descartan que su defensa vuelva a pedir una prórroga adicional de 15 días, como ya ocurrió con el plazo original, que se había vencido el pasado 25 de agosto.
La pesquisa se centra en el notable incremento patrimonial que habría registrado el ex vocero presidencial desde su desembarco en la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del Gobierno en junio de este año. En el expediente también figura como imputada su esposa, Bettina Angeletti, y se analizan los ingresos y gastos del grupo familiar durante ese período.
Ingresos, gastos y diferencia millonaria bajo la lupa
De acuerdo con los cálculos del fiscal Pollicita, en esos meses el matrimonio registró ingresos comprobados por 229,7 millones de pesos, mientras que los gastos verificados treparon a 272,8 millones. La diferencia, superior a los 43 millones de pesos, es uno de los ejes de las dudas planteadas por la Justicia.
A esa brecha en moneda local se suman operaciones en dólares que, según la investigación preliminar, no tendrían correlato con ingresos lícitos acreditados. En particular, se analizan movimientos por 402.578,12 dólares vinculados a la compra y refacción de inmuebles, así como a la adquisición de mobiliario.
Uno de los focos está puesto en un lote en el country Indio Cuá, identificado como el 380, y en una propiedad ubicada en Miró 550. En ambos casos, la fiscalía requiere precisiones sobre cómo se financiaron las compras, las remodelaciones y la incorporación de mejoras.
Los 20 puntos que deberá explicar el ex funcionario
El cuestionario enviado por Pollicita busca reconstruir el mapa patrimonial de Adorni con especial énfasis en la trazabilidad del dinero. Entre otros aspectos, el fiscal reclama que el ex jefe de Gabinete esclarezca:
- El origen de los dólares en efectivo declarados en sus presentaciones impositivas durante los años investigados.
- La existencia, condiciones y destino de los supuestos préstamos otorgados por sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo.
- La procedencia de los fondos para la compra de un vehículo Jeep y del lote 380 en el country Indio Cuá.
- El origen de los 245.000 dólares pagados al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda en ese country, así como los pagos en efectivo por muebles del inmueble de Miró 550.
- El detalle de su operatoria con criptoactivos y el capital inicial utilizado para esas inversiones.
- El criterio con el que habría conciliado un elevado nivel de gastos, viajes al exterior y consumos con tarjetas con los ingresos declarados por el grupo familiar.
La Justicia también puso el foco en el uso de terceros para adquirir bienes y cancelar pagos, en facturaciones vinculadas a concesionarias automotrices, en posibles deudas con entidades bancarias y en acreditaciones no salariales percibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación. Además, se indaga el modo de valuación de las mejoras declaradas tanto en Miró 550 como en el lote del country.
En el dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita advirtió que varios de los movimientos relevados “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”, por lo que reclamó una explicación detallada del ex funcionario.
Si las respuestas de Adorni no resultan satisfactorias o si se consideran inconsistentes con la documentación reunida, el fiscal podría avanzar en un pedido de indagatoria. Será entonces el juez de la causa quien defina los pasos a seguir en una investigación que vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio de un ex alto funcionario nacional.

