Crecen las tensiones por la crisis financiera de la obra social estatal fueguina
NewsITe
La delicada situación económica de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) volvió a quedar en primer plano tras una serie de presentaciones internas que apuntan al fuerte endeudamiento del Gobierno provincial con el organismo, y a sus efectos concretos sobre la prestación de servicios de salud a los afiliados.
Dos vocales del directorio de la obra social exigieron que se intime al Ejecutivo que encabeza el gobernador Gustavo Melella a cancelar una deuda que, según la documentación contable de OSEF, asciende a $19.739.292.200,83. La suma surge de obligaciones impagas por aportes, contribuciones, intereses y prestaciones vinculadas al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).
La vocal por los trabajadores activos, Adriana Soria, ingresó el 10 de septiembre una nota formal dirigida al presidente de OSEF, Gustavo García, en la que detalla los montos adeudados y reclama que se proceda a la intimación oficial al Gobierno provincial. De acuerdo con el planteo, no se trata de una estimación política sino de cifras que emergen de los registros del propio organismo.
En su presentación, Soria distingue dos grandes bloques: por un lado, $9.032.200.143,83 por transferencias demoradas y sus accesorios; por otro, $10.707.092.057 correspondientes a obligaciones del RUPE. La suma de ambos conceptos arroja los casi $19.740 millones que, según la vocal, el Estado provincial –principal empleador y aportante del sistema– mantiene pendientes con la obra social.
Propuesta de acciones de cobro y detalle de los deudores
En paralelo, otro integrante del directorio de OSEF, Horacio Gallegos, impulsó una iniciativa para que el organismo active tanto mecanismos administrativos como judiciales con el fin de recuperar los fondos. Entre las medidas sugeridas se encuentran posibles retenciones bancarias sobre las cuentas de los entes públicos morosos.
Gallegos consignó que el Gobierno central de la provincia acumularía una deuda de $7.682.156.646,66, mientras que el Municipio de Tolhuin debería $410.147.810,55 y la Dirección Provincial de Vialidad $406.822.263,24. A esas cifras se sumarían otros organismos estatales que también presentarían atrasos en sus obligaciones con la obra social.
En el caso del RUPE, el vocal diferenció entre períodos anteriores y el ejercicio actual: se estiman $8.891.260.556,42 originados en ejercicios previos a 2026 y $1.815.831.500,58 en concepto de deuda generada en el año en curso. Todos estos datos surgen de los escritos internos y, según advierten desde la propia OSEF, deberán ser contrastados con la respuesta contable de cada ente para precisar montos y plazos.
Impacto directo en las prestaciones de salud
El deterioro financiero de OSEF ya muestra consecuencias concretas sobre la atención de sus afiliados. La asociación Reencontrándonos, dedicada a brindar tratamientos de salud mental y adicciones en la provincia, resolvió el 10 de septiembre suspender el ingreso de nuevos pacientes derivados por la obra social.
Desde la institución señalaron que llevan más de dos meses sin cobrar y que el último pago recibido –el 1 de julio– correspondió a prestaciones brindadas en febrero, es decir, con varios meses de atraso. A pesar de la decisión, el centro mantendrá la continuidad de los tratamientos ya iniciados para evitar interrupciones terapéuticas y prevé reservar parte de su capacidad para personas sin cobertura, con lo cual no implica el cierre total del servicio.
Reencontrándonos también advirtió que actualmente opera sin contrato vigente con OSEF y con valores considerados desactualizados frente al aumento de costos. De acuerdo con la versión de la entidad, se enviaron distintas comunicaciones al organismo para regularizar la situación, sin obtener respuestas satisfactorias hasta el momento.
Las descripciones sobre montos, demoras y condiciones contractuales pertenecen a las presentaciones de los vocales y del prestador de salud mental, y no implican por sí mismas una determinación judicial de incumplimiento ni responsabilidades penales individuales.
Mientras se aguardan definiciones del Gobierno provincial y de las autoridades de OSEF, el escenario combina tensión financiera, preocupación de los trabajadores estatales y un riesgo creciente de que más prestadores limiten o interrumpan servicios, con impacto directo en miles de afiliados en toda Tierra del Fuego.
