Diego Urquiaga cumple prisión perpetua por el crimen de Mauricio “Perico” Ponce de León y obtuvo el título de abogado durante su encierro. Ahora lo denuncian por cobrar servicios jurídicos que no habría realizado y ejercer sin matrícula profesional.
Diego Antonio Urquiaga, un nicoleño condenado a prisión perpetua por el homicidio de Mauricio “Perico” Ponce de León, volvió a quedar en el centro de la escena tras recibir cinco denuncias en San Nicolás y Ramallo. El hombre obtuvo el título de abogado durante su encierro. Sin embargo, el Colegio de Abogados de San Nicolás confirmó que no posee ni poseyó matrícula profesional en esa institución.
Urquiaga cumple su condena en el Penal N° 11 de Baradero bajo un régimen semiabierto. En los últimos días, distintas personas lo señalaron en redes sociales por ofrecer servicios jurídicos, cobrar por las gestiones y luego no realizar los trámites acordados.
Entre las presuntas damnificadas habría docentes que contrataron sus servicios y sufrieron perjuicios económicos. Hasta el momento se conocieron dos denuncias presentadas en la Comisaría Primera de San Nicolás y otras tres radicadas en Ramallo.
Según consta en las presentaciones, Diego Urquiaga se habría identificado como abogado matriculado en San Nicolás y en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, quienes lo contrataron comprobaron posteriormente que la matrícula informada no figuraba en ninguno de los listados consultados.
Cinco denuncias contra Diego Urquiaga
Las denuncias no se limitan a los servicios jurídicos que habría cobrado y nunca realizado. Dos clientas también afirmaron que el hombre las persiguió e intentó chocarlas con su automóvil de alta gama cuando fueron hasta su domicilio para reclamarle por los incumplimientos.
Ante la situación, el Colegio de Abogados de San Nicolás difundió un comunicado para advertir a la comunidad sobre una persona que podría estar ejerciendo la representación legal sin autorización. Aunque la entidad no reveló públicamente su identidad, fuentes consultadas por este diario señalaron que se trataba de Diego Antonio Urquiaga.
El Colegio informó que el hombre señalado «no posee ni ha poseído matrícula profesional en este Colegio». Además, instó a quienes pudieran haber resultado perjudicados por su actividad a realizar la denuncia correspondiente.
La obtención del título universitario acredita la formación académica, pero la información proporcionada indica que Urquiaga no cuenta con la matrícula necesaria para ejercer la representación profesional ante terceros. Las cinco denuncias conocidas se encuentran vinculadas con presuntas defraudaciones económicas y con los episodios denunciados por las dos clientas que fueron a reclamarle.
El nombre de Urquiaga ya había tomado estado público por el crimen de Mauricio “Perico” Ponce de León, cometido en febrero de 2005 en las afueras de Chascomús. Tres años después, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores lo condenó a prisión perpetua como coautor de homicidio agravado por ensañamiento.
El crimen de Mauricio “Perico” Ponce de León
Mauricio Ponce de León tenía 19 años y era amigo de Urquiaga. Según determinaron los peritos, lo llevaron hasta el lugar bajo engaño y luego lo golpearon, lo estrangularon, lo apuñalaron 33 veces y lo pisaron con su propio automóvil.
El joven había recibido un millón y medio de pesos como indemnización por un accidente ferroviario en el que perdió una pierna y parte de la otra. De acuerdo con la acusación, el plan consistía en fingir su secuestro, asesinarlo y posteriormente exigirle un rescate a su familia.
Los jueces Jorge Tamagno, Analía Graciela Avalos y María Ester Zabala declararon a Urquiaga coautor del delito de homicidio agravado por ensañamiento. El acusado había llegado al debate imputado por homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y “criminis causa”, aunque el tribunal descartó que el móvil hubiera sido el robo.
José Ignacio Ochoa, abogado de la familia Ponce de León, explicó que los jueces consideraron que la motivación había sido simular el secuestro, matar al joven y cobrar el rescate. Según el letrado, Urquiaga se habría adelantado y cometido el crimen, pero la rápida aparición del cuerpo frustró la posterior extorsión a la familia.
Durante el juicio declararon dos presos que habían compartido un calabozo con Urquiaga en una comisaría. Ambos aseguraron que el nicoleño les había confesado que él había matado a Mauricio Ponce de León.
La investigación también encontró en la vivienda de Urquiaga el teléfono celular de la víctima sin su batería, localizada a pocos metros del cuerpo. Los padres de Mauricio y quien entonces era la novia del acusado también declararon que Urquiaga había sido la última persona que estuvo con el joven antes del crimen.
Otros tres jóvenes estuvieron vinculados al expediente
Aunque Diego Urquiaga fue el único acusado en aquel juicio, el expediente vinculó a otros tres jóvenes que estuvieron detenidos por el caso durante 2005. Se trata de Matías Bustingorry, Pablo Brandoni y Néstor Torrado, todos oriundos de Chascomús, quienes posteriormente fueron excarcelados.
La jueza dio por probado que Urquiaga les había confesado el crimen a los dos presos con quienes compartió un calabozo en la seccional de General Belgrano. Esa declaración y el cambio en los testimonios de otras personas influyeron en el cese de la prisión preventiva de Bustingorry y Brandoni.
“Y eso, sumado a que otros testigos de cargo se desdijeron, fue tomado en cuenta para que se le dictara a Bustingorri y Brandoni el cese de la prisión preventiva”, explicó en aquel momento Octavio Sosa, abogado defensor de Brandoni. La resolución judicial sostuvo: “Los elementos reunidos con posterioridad al dictado de la medida cautelar se han ido desmoronando, dejando al descubierto una horfandad probatoria que impide sostener la privación de libertad”.
La misma resolución ordenó la detención de un testigo por falso testimonio. Mientras tanto, la fiscal del juicio, Gabriela García Cuerva, y la querella solicitaron la prisión perpetua para Urquiaga, mientras que su defensor, José Luis Menchón, pidió la absolución por el beneficio de la duda o, de manera subsidiaria, una condena por encubrimiento.
Finalmente, el tribunal impuso la prisión perpetua que Diego Urquiaga todavía cumple bajo un régimen semiabierto. Más de dos décadas después del crimen, el nicoleño vuelve a quedar bajo investigación, esta vez por cinco denuncias relacionadas con servicios jurídicos que habría ofrecido sin contar con matrícula profesional.
