Causa Insaurralde: el expediente se reactiva con nuevas pruebas
NewsITe
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dio un nuevo impulso a la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, su ex pareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici. El magistrado dispuso 29 medidas de prueba orientadas a reconstruir el patrimonio, los movimientos financieros y las comunicaciones de los principales imputados.
Estas nuevas diligencias se adoptan luego del planteo de los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco, acompañados por la querella de la Fundación Poder Ciudadano, quienes reclamaron ampliar el período de investigación. Hasta ahora, el análisis estaba acotado a los años 2009-2023, pese a que existían antecedentes de posibles maniobras desde 2006.
En su resolución, Rodríguez Ponte señaló que aún quedan medidas pendientes que podrían aportar datos relevantes para “profundizar las hipótesis descriptas” y determinar si existe vinculación de los imputados con otros actores, así como el rol de cada uno dentro de eventuales maniobras complejas. Las defensas de Insaurralde y Clerici se opusieron a esta ampliación y, en paralelo, los abogados del exintendente pidieron anular una pericia scopométrica sobre videos viralizados, al sostener que su autenticidad no estaría debidamente acreditada.
Qué medidas de prueba ordenó el juez
Entre las 29 medidas, el juez requirió al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) información detallada sobre Insaurralde, Cirio, Clerici y otros involucrados: antecedentes documentales, cambios de domicilios y datos vinculados a su historial registral.
Asimismo, pidió a la ANSES la nómina completa de sueldos percibidos, empleadores, beneficios previsionales y no contributivos, asignaciones familiares y cualquier otro programa o asistencia social que hayan cobrado. A la Superintendencia de Seguros de la Nación le solicitó reportes sobre pólizas de seguros contratadas por los investigados.
En materia patrimonial, el juzgado intenta determinar si alguno de los acusados tuvo stud o boxes para caballos en distintos hipódromos, además de requerir los legajos de cuatro vehículos para revisar su documentación. También se pidió información sobre un departamento en Lomas de Zamora a nombre de Insaurralde y sobre sus cuentas bancarias tanto en entidades argentinas como en Uruguay.
Análisis de comunicaciones y foco en los videos
Otra línea central de la pesquisa es el análisis de las comunicaciones. El juez busca reconstruir llamadas, mensajes de texto, conexiones a Internet, ubicación mediante antenas, celulares utilizados y contactos de los investigados desde 2009. El objetivo es identificar con quién se comunicaban, la frecuencia y duración de esos contactos y posibles patrones que revelen vínculos económicos o políticos relevantes.
En paralelo, Rodríguez Ponte dejó sin efecto las restricciones que pesaban sobre Sofía Clerici para salir del país o alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización judicial. La modelo fue sobreseída en la causa, aunque esa decisión se encuentra actualmente bajo revisión y podría modificarse según el avance de la investigación.
Respecto de Jésica Cirio, se requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que verifique si el escribano que certificó una firma suya en 2023 cumplió con las normas vigentes de prevención de lavado de activos, en línea con los controles que exige la normativa antilavado.
El expediente también pone la lupa sobre un pendrive aportado por la Fundación Apolo, que contiene videos y archivos en los que se observa a la ex pareja de Insaurralde exhibiendo fajos de dinero, supuestamente en la mansión que compartían en Fincas de San Vicente. El juez citó a declarar a un representante de la entidad y ordenó una pericia informática para determinar la autenticidad de los archivos, la fecha de creación y si fueron editados o manipulados. De la respuesta a estos estudios dependerá, en buena medida, el peso probatorio de esas imágenes en el futuro de la causa.
“Existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores”, fundamentó el juez Rodríguez Ponte en su resolución.
Con este paquete de medidas, la investigación sobre el patrimonio y las relaciones económicas y personales de Insaurralde, Cirio y Clerici ingresa en una nueva etapa, con foco en el rastreo financiero y tecnológico para determinar si hubo enriquecimiento injustificado y eventuales maniobras de blanqueo de capitales.
