Cuestionan a la jueza que otorgó beneficios al acusado por el crimen de Uma
NewsITe
La actuación de la jueza de Responsabilidad Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse que había otorgado salidas transitorias al joven implicado en el crimen de Uma Aguilera, hecho que conmovió a la provincia de Buenos Aires.
La magistrada ya había sido fuertemente cuestionada en los últimos días por presentar un hábeas corpus para suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil bonaerense. Ahora, la familia de la víctima recordó decisiones previas que, según entienden, beneficiaron al asesino de la adolescente.
María Eugenia Rodríguez, mamá de Uma, relató en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que el 22 de septiembre de 2025 Pascual otorgó una «salida recreativa» a Guillermo «Paraguayo» Romero Molinas, cuando el joven ya era mayor de edad y se encontraba a la espera de la sentencia. La mujer afirmó que ni la querella ni el fiscal Hernán Ceruti fueron notificados de ese beneficio, lo que, a su criterio, implicó un incumplimiento de la Ley de Víctimas.
«Estoy bastante molesta con la jueza, debería darle vergüenza», expresó Rodríguez, y cuestionó que decisiones como esa se tomen sin escuchar a los familiares. La causa se tramitó mediante un juicio abreviado, en el que las partes habían consensuado una condena de 15 años de prisión para Romero Molinas. Sin embargo, Pascual redujo la pena a 12 años, otra resolución que hoy vuelve a ser observada bajo la lupa.
Críticas al garantismo y reclamo de cambios en la Justicia
Tanto Rodríguez como su esposo, Eduardo Aguilera —policía y ex custodio de la senadora Patricia Bullrich—, manifestaron su rechazo a lo que consideran una mirada «garantista» de parte de la jueza. «No queremos más jueces que velen por los intereses de los delincuentes», sostuvo la madre de Uma, al remarcar que son los trabajadores quienes sostienen con sus impuestos el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario.
Rodríguez advirtió además que decisiones como las de Pascual pueden implicar un riesgo para la sociedad. «Reeducar es enseñarles que sus acciones tienen consecuencias, porque devolverlos a la sociedad es ponerla en peligro; devolverlos al núcleo familiar o entorno que no pudo contenerlo y lo llevó a hacer lo que hace no solo le hace un daño a la sociedad, sino que también le hace mal al menor», expresó con bronca.
- La jueza Marta Pascual otorgó una salida recreativa al acusado cuando esperaba sentencia.
- La familia denuncia que no se cumplió con la Ley de Víctimas al no notificarlos.
- La pena acordada de 15 años fue reducida a 12 por decisión de la magistrada.
«Duele que no vea que si el menor está ahí es por una decisión propia; mi hija no decidió estar frente al arma que la ejecutó», lamentó la madre de Uma, quien reclama que la Justicia contemple el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
El caso reaviva el debate en la provincia de Buenos Aires sobre el rol de los jueces de responsabilidad penal juvenil, los alcances del garantismo y la necesidad de que las víctimas sean oídas en cada instancia del proceso judicial. Mientras tanto, la familia de Uma Aguilera insiste en que la memoria de su hija sea un llamado de atención para revisar los criterios con los que se conceden beneficios y se fijan las penas en los delitos más graves.
