El Gobierno analiza sumar la pesca a sanciones por Malvinas

El Ejecutivo avanza con una ley para endurecer sanciones

Presidente Javier Milei durante un acto oficial sobre soberanía

NewsITe

El Gobierno nacional evalúa ampliar el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas e incluir nuevas actividades sujetas a sanciones, entre ellas la pesca. La iniciativa apunta a reforzar el control sobre las operaciones vinculadas a la explotación de recursos naturales en la zona de la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Estado.

Según trascendió tras la última reunión de la mesa política oficialista, el Poder Ejecutivo analiza modificar la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”. Esa norma, vigente desde 2011, establece sanciones para empresas y personas que participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas sin el permiso correspondiente. Ahora, el objetivo oficial sería extender ese alcance a otros rubros estratégicos, con especial foco en el sector pesquero.

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El debate cobró fuerza luego de la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei. Dirigentes del peronismo reclamaron públicamente que la pesca sea incorporada al esquema de sanciones más duras. Incluso el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, planteó el tema durante la sesión de este lunes, al advertir sobre la necesidad de proteger con mayor firmeza los recursos ictícolas del Atlántico Sur.

Trámite legislativo y posibles voceros en el Congreso

El Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso el próximo lunes. Todavía resta definir si se hará mediante una presentación tradicional por escrito o si se designará a un funcionario para exponer los detalles del articulado ante las comisiones. Entre los posibles voceros se mencionan al ministro de Defensa, Carlos Presti, y al canciller, Pablo Quirno, ambos involucrados en la redacción del texto.

En la Casa Rosada confían en que la ley tenga un tratamiento ágil en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre. La administración libertaria busca mostrar la iniciativa como parte de una estrategia integral de “defensa activa” de la soberanía sobre Malvinas, combinando acciones diplomáticas, sancionatorias y de infraestructura.

Ofensiva contra empresas y proyecto de base naval

La discusión parlamentaria se inscribe en un contexto de ofensiva del Ejecutivo contra empresas vinculadas con supuestos negocios petroleros ilegales en las islas. En ese marco, el Gobierno mantiene bajo la lupa el proyecto Sea Lion, uno de los desarrollos hidrocarburíferos más avanzados en el archipiélago, impulsado por firmas extranjeras sin autorización argentina.

Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Milei aseguró que la futura ley tendrá consecuencias concretas sobre quienes colaboren con la explotación de recursos en la cuenca Malvinas por fuera del marco legal argentino.

“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, afirmó el Presidente, al remarcar que se trata de una política de tolerancia cero frente a la violación de la soberanía.

El mandatario también anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, concebida como un polo logístico estratégico en el Atlántico Sur. Según adelantó, su financiamiento estará previsto en el Presupuesto 2027 y, de acuerdo con la versión oficial, no comprometería el equilibrio fiscal. A la par, se proyectan inversiones en telecomunicaciones y reasignación de recursos para fortalecer la presencia argentina en la región.

Desde el anuncio en cadena nacional, el Ejecutivo asegura haber iniciado procesos sancionatorios contra unas 60 empresas y personas que, directa o indirectamente, operan en la cuenca Malvinas sin autorización. La eventual ampliación del régimen a la pesca y otras actividades buscará consolidar un mensaje político y económico: la explotación de recursos en el Atlántico Sur deberá ajustarse a la legislación argentina o enfrentará crecientes penalidades.

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