Impugnación a la suspensión del Régimen Penal Juvenil en Provincia
NewsITe
El fiscal de menores Hernán Ceruti, a cargo de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, apeló la resolución de la jueza Marta Elba Pascual que había suspendido la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, medida que generó un fuerte revuelo institucional y político.
En su presentación, Ceruti advirtió que el fallo implica un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, al considerar que un habeas corpus no puede ser utilizado para dejar sin efecto una ley aprobada por el Congreso de la Nación y puesta en vigencia por los canales formales. Según argumentó, la jueza se extralimitó en sus facultades e invadió competencias propias de otros poderes del Estado.
El fiscal remarcó que en el expediente no se acreditó ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que afecte la libertad de adolescentes alcanzados por el nuevo régimen. Sostuvo que no se identificó a un joven detenido específicamente por aplicación de la norma, ni decisiones policiales, administrativas, judiciales o penitenciarias que hubieran restringido su libertad de forma irregular, ni casos de condiciones de alojamiento agravadas por la flamante legislación.
La jueza Pascual había fundamentado su decisión en la posibilidad de que, con la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil, aumente de manera significativa la cantidad de jóvenes privados de su libertad y que la provincia de Buenos Aires no contaría con la infraestructura ni los recursos necesarios para alojarlos en condiciones adecuadas. Desde la Fiscalía, sin embargo, cuestionaron que esa conclusión se construyó sin datos empíricos ni informes técnicos que la respalden.
Debate por división de poderes e impacto institucional
En su apelación, Ceruti señaló que la magistrada transformó una hipótesis futura en una certeza, al sostener que inevitablemente crecerá el número de adolescentes detenidos. A su criterio, esa postura vulnera el principio de separación de poderes, al dejar sin efecto por vía judicial una política criminal debatida y votada por el Poder Legislativo nacional.
La ofensiva judicial contra la resolución de Pascual no se limita a la apelación del fiscal. La ONG Usina por la Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza por presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Desde su cuenta en la red social X, la organización respaldó la decisión de Ceruti y subrayó que la jueza “no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes”.
- La apelación cuestiona el uso del habeas corpus para suspender una ley nacional.
- Se discute la falta de pruebas concretas sobre perjuicios a jóvenes detenidos.
- ONGs y sectores políticos reclaman responsabilidades institucionales a la jueza.
En paralelo, el espacio bonaerense de La Libertad Avanza, liderado por Sebastián Pareja, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra Pascual. El dirigente sostuvo que se trata de “una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, y la acusó de intentar frenar una ley aprobada democráticamente que, según afirmó, busca dar respuesta a una problemática que preocupa a la sociedad.
“La jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes”, señalaron desde Usina por la Justicia al apoyar la apelación fiscal.
La discusión sobre el alcance del Régimen Penal Juvenil, las condiciones de detención de adolescentes y el rol del Poder Judicial en la implementación de leyes penales promete continuar en los tribunales bonaerenses y en el terreno político, mientras se espera la definición de instancias superiores sobre la validez del fallo de Pascual y el futuro del nuevo esquema penal juvenil en la provincia.
