El primer ministro Andy Burnham ratificó ante el Parlamento la defensa de la soberanía británica sobre las islas y de los derechos de sus habitantes. La declaración se produjo después de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
El gobierno británico volvió a rechazar cualquier discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y advirtió que mantendrá su posición frente al reclamo argentino. El primer ministro Andy Burnham afirmó este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido será “implacable” en la defensa de las islas y de los habitantes que decidieron mantener su vínculo con ese país.
“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, sostuvo Burnham durante una sesión parlamentaria. Su declaración se produjo pocos días después del mensaje de Javier Milei, quien volvió a colocar el reclamo por la soberanía del archipiélago en el centro de la agenda del Gobierno argentino.
El primer ministro británico no mencionó directamente al Presidente argentino durante su intervención. La respuesta política estuvo acompañada por declaraciones de otros funcionarios británicos, que ratificaron que Londres no contempla modificar su posición sobre las islas.
La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, afirmó ante los legisladores que “no hay duda” sobre el compromiso británico con los habitantes de las Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido. También sostuvo que las medidas anunciadas por Milei no modificarán esa postura.
McNeill vinculó además la posición británica con la explotación de los recursos naturales del archipiélago. Según explicó, Londres respalda el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar esos recursos en beneficio de su economía, una definición que cobra especial importancia por el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
El Gobierno argentino considera ilegales las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las aguas circundantes a las Malvinas sin autorización de Buenos Aires. En los últimos días, Milei anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas con esas operaciones y anticipó el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las penas.
La disputa también llegó al terreno judicial. La Argentina presentó una denuncia penal contra compañías relacionadas con el proyecto Sea Lion, que contempla la explotación de petróleo en aguas próximas a las islas. El Gobierno sostiene que esas empresas operan sobre recursos que se encuentran en un territorio cuya soberanía reclama el país.
El proyecto petrolero elevó el peso económico de la disputa territorial. La iniciativa, impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene previsto avanzar con la extracción de crudo a partir de 2028. La Argentina ya había aplicado sanciones a ambas compañías en años anteriores.
En paralelo, el Gobierno de Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La Casa Rosada sostiene que se trata de medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino por vías diplomáticas y a aumentar las herramientas legales frente a las actividades que considera ilegales.
Desde Londres, en tanto, también remarcaron que las fuerzas británicas mantienen una capacidad de defensa suficiente en el Atlántico Sur. McNeill aseguró ante el Parlamento que el nivel de las fuerzas desplegadas es adecuado para responder a las amenazas que enfrenta el Reino Unido y que existe plena confianza en la capacidad defensiva de las islas.
La escalada de declaraciones ocurre mientras ambos gobiernos sostienen posiciones contrapuestas sobre el futuro del archipiélago. Mientras Buenos Aires busca profundizar su reclamo de soberanía y limitar la explotación de recursos naturales, Londres sostiene que la decisión sobre el futuro de las islas debe respetar la voluntad expresada por sus habitantes en el referéndum de 2013, cuando una amplia mayoría votó por continuar bajo administración británica.
