Gustavo Bruzzone deberá analizar el pedido de la defensa para apartar a los integrantes del TOC N°29. La próxima audiencia todavía no tiene fecha y existe una discusión sobre el plazo máximo de interrupción.
El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continúa suspendido y todavía no tiene una fecha confirmada para su reanudación. Sin embargo, este martes se produjo un avance para destrabar el proceso: sortearon al juez que deberá resolver la recusación presentada por la defensa contra los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°29.
Según informó Infobae a partir de fuentes vinculadas al caso, la Oficina Judicial de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional determinó que Gustavo Bruzzone, titular de la Vocalía N°2, intervendrá de manera unipersonal para analizar el planteo.
Aunque no existe una convocatoria oficial, algunas fuentes estiman que el debate podría retomarse el lunes o el miércoles de la próxima semana si Casación adopta rápidamente una decisión. Otras personas consultadas evitaron anticipar una fecha.
La discusión por el plazo de interrupción
Dos fuentes señalaron que existe un límite de diez días hábiles para mantener interrumpido el debate. Una de ellas indicó que Casación debería resolver antes de que finalice ese período porque, en caso contrario, el juicio podría quedar anulado.
El inicio del cómputo también genera diferencias. Una fuente cercana a la defensa explicó que se discute si el plazo debe calcularse desde el miércoles 2 de septiembre, cuando Álvarez sufrió una descompensación y la audiencia terminó antes de que declararan todos los testigos, o desde el lunes 7, cuando la recusación provocó una nueva suspensión.
“Si el juicio se para más de diez días, se cae”, sostuvo la fuente citada por Infobae, aunque admitió que existe una discusión “muy técnica” sobre el momento exacto desde el cual debe comenzar a contarse ese período.
El planteo que volvió a frenar el juicio
La defensa presentó la recusación durante la audiencia del lunes, luego de un fuerte cruce con la fiscalía y el tribunal por el estado de salud del músico. Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron nuevamente la suspensión y presentaron un estudio realizado después de la descompensación del 2 de septiembre, cuando una ambulancia trasladó a Álvarez al Hospital Fernández.
Baños afirmó que el informe advertía sobre “un consumo anárquico de medicamentos que representa un riesgo para su salud psicofísica”, un posible “riesgo de vida” y la necesidad de evitar situaciones que implicaran una sobrecarga cognitiva.
El fiscal Sandro Abraldes se opuso al pedido al considerar que no existía una circunstancia nueva que justificara revisar la capacidad del acusado para afrontar el proceso. “Parecería que a la defensa no le basta con la vía recursiva. A la defensa no le gusta que este juicio se haga”, expresó.
El TOC N°29 rechazó la suspensión. Su presidente, Gustavo Goerner, sostuvo que la descompensación no modificaba las evaluaciones previas sobre la capacidad de Álvarez y cuestionó la reiteración de los planteos: “Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”.
Goerner recordó que el tribunal autorizó al músico a no permanecer en la sala durante toda la audiencia si su condición física o psíquica no se lo permite. También planteó que podría seguir el debate desde otro lugar junto a sus abogados.
“No está en condiciones, pero lo traen. No es el TOC ni los acusadores los que ponen en riesgo a Álvarez. Es nuestro deber resguardarlo”, afirmó.
El argumento de la defensa
Antes de que comenzaran a declarar los testigos, la defensa pidió apartar al fiscal Abraldes y a los tres jueces del TOC N°29. El tribunal rechazó las recusaciones, pero el planteo contra sus integrantes debió elevarse para su revisión. La audiencia quedó suspendida y ninguno de los testigos convocados llegó a declarar.
Entre sus argumentos, Baños cuestionó lo ocurrido durante la descompensación del 2 de septiembre. Según su versión, integrantes de la defensa quedaron fuera de la sala mientras permanecían en el interior los jueces y el fiscal, una circunstancia que podría haber vulnerado “el principio de igualdad de armas”.
Goerner rechazó esa interpretación y aseguró que el tribunal no advirtió que la defensa hubiera permanecido apartada. Además, pidió a los abogados que informaran inmediatamente si una situación similar volvía a producirse.
Una fuente del entorno de Álvarez indicó a Infobae que la defensa analiza ofrecer como testigos a los abogados que dicen haber presenciado aquel episodio, entre ellos el propio Baños. Ahora Bruzzone deberá determinar si existen motivos para apartar a los integrantes del TOC N°29 o si corresponde rechazar la recusación. Hasta entonces, el juicio permanecerá suspendido.
