Polémica por un tratado de inversiones clave en la disputa por Malvinas
NewsITe
Un convenio firmado hace más de treinta años entre la Argentina y el Reino Unido volvió al centro de la escena política a partir de un reclamo formal para que el Congreso derogue la Ley 24.184, que le dio rango legal al acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre ambos países.
El planteo fue realizado por el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, quien calificó la vigencia del tratado como un “error geopolítico” en el marco de la histórica disputa de soberanía por las Islas Malvinas. El funcionario apuntó a que, mientras la controversia con Londres sigue abierta, el país mantiene un esquema de garantías especiales para las inversiones británicas.
El convenio fue suscripto en Londres el 11 de diciembre de 1990 y aprobado por el Congreso argentino el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, en el contexto del restablecimiento de relaciones bilaterales tras la guerra de 1982 y de los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre 1989 y 1990.
Qué dice el convenio de inversiones con el Reino Unido
El tratado establece que ninguna de las partes puede otorgar a las inversiones de la otra un trato menos favorable que el que brinda a sus propios inversores o a los provenientes de terceros Estados. Además, garantiza la libre transferencia de utilidades, la protección frente a expropiaciones sin compensación adecuada y mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias vinculadas con inversiones.
En la práctica, esto implica que compañías británicas que operen en sectores estratégicos —como hidrocarburos, energía o servicios— cuentan con una red de seguridad jurídica que excede la legislación argentina ordinaria. Para Dachary y otros funcionarios fueguinos, estos beneficios resultan incompatibles con la posición argentina de cuestionar la presencia británica en el Atlántico Sur.
- Tratamiento igual o más favorable para inversores británicos.
- Libre giro de ganancias y capitales al exterior.
- Protección frente a expropiaciones sin compensación.
- Recurso a tribunales arbitrales internacionales en caso de conflicto.
El propio texto del convenio prevé que, aun si la Argentina lo denunciara, las inversiones realizadas durante su vigencia seguirán protegidas por un plazo adicional de quince años. Es decir, la derogación no tendría un efecto inmediato sobre los contratos ya en curso.
Malvinas, sanciones y la estrategia del Gobierno
El reclamo para derogar la Ley 24.184 se da en paralelo a una serie de movimientos del Gobierno nacional vinculados con la cuestión Malvinas. El presidente Javier Milei anunció recientemente un aumento del presupuesto de Defensa destinado a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de fortalecer la presencia argentina en el extremo sur del país.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo dispuso endurecer las sanciones contra las empresas que operen en la zona de las islas sin autorización de la Argentina, en línea con la Ley 26.659 que regula las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur. En ese marco, se anunció una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.
Tres de esas empresas habrían recibido permisos del Reino Unido para avanzar en el proyecto Sea Lion, uno de los desarrollos off shore más relevantes de la cuenca. Para el Gobierno argentino, tales autorizaciones vulneran su legislación sobre recursos naturales y afectan directamente los derechos soberanos en el área.
“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184”, sostuvo Dachary, al remarcar que el conflicto no es con las islas en sí mismas sino con el Reino Unido como potencia ocupante.
La discusión sobre el futuro del convenio de inversiones se inserta en un debate más amplio: qué combinación de herramientas diplomáticas, económicas y legales debería emplear la Argentina para sostener su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas sin afectar al mismo tiempo la llegada de inversiones extranjeras al país.
