Economía congela la salida forzada de YPF de Metrogas por la venta a Edenor
NewsITe
El Ministerio de Economía dispuso la suspensión temporal de la desinversión obligatoria de YPF en Metrogas, luego de que se acordara la venta de la participación accionaria a Edenor por unos US$ 780 millones. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 1469/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Con esta medida, la cartera económica deja sin efecto, por el momento, las intimaciones emitidas años atrás por el entonces Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que exigían a la petrolera estatal desprenderse en forma urgente de su tenencia en la distribuidora de gas. El argumento central oficial es que las condiciones del mercado cambiaron de manera sustancial y que el esquema actual de regulación hace abstractas las preocupaciones originales sobre posibles ventajas indebidas.
La disputa regulatoria se arrastra desde 2012, cuando YPF tomó el control indirecto de Metrogas a partir de la compra de participaciones en Gas Argentino S.A. y Metroenergía S.A. Aquella operación recibió el visto bueno inicial tanto del ENARGAS como de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Sin embargo, en 2016 el escenario se modificó: el organismo regulador emitió una nota obligando a Metrogas a presentar un plan de adecuación al artículo 34 de la Ley 24.076, que prohíbe a productores de gas controlar distribuidoras para evitar acuerdos preferenciales que impacten en las tarifas finales.
YPF cuestionó administrativamente aquella orden, señalando plazos irrazonables y dificultades para concretar una venta en un contexto macroeconómico volátil. De hecho, un intento de desinversión canalizado a través del Citibank quedó trunco tras la crisis que se profundizó a partir de 2018.
El rol del Plan Gas.Ar en la nueva decisión oficial
En la resolución reciente, Economía sostiene que los fundamentos que justificaron la desinversión forzada perdieron vigencia porque el mercado de gas natural hoy se encuentra estructurado bajo el Plan Gas.Ar. Este programa fija volúmenes, asigna compradores y define precios mediante subastas y concursos públicos, controlados por la Secretaría de Energía, lo que reduce al mínimo la posibilidad de pactos privados discrecionales entre productores y distribuidoras.
Según los considerandos oficiales, el Plan Gas.Ar explica aproximadamente el 68% de la producción promedio de gas del país entre enero de 2024 y marzo de 2026. Además, los informes técnicos revisados por la cartera económica consignan que en 2024 y 2025 Metrogas no realizó compras de gas a YPF por fuera de ese esquema regulado ni a través de operaciones spot, lo que refuerza la idea de que no existieron tratos preferenciales que distorsionaran tarifas.
Impacto en el servicio y plazos de la suspensión
- El Gobierno advirtió que una venta forzada e intempestiva podría afectar la continuidad, esencialidad y universalidad del servicio público de distribución de gas.
- Se señaló que un escenario de desinversión apresurada tendría impacto directo en el bienestar general y en derechos fundamentales de los usuarios.
- La suspensión alcanzará a las intimaciones previas mientras dure el actual régimen del Plan Gas.Ar o hasta que se perfeccione la venta privada a Edenor.
“Los motivos que dieron origen a la exigencia de desinversión obligatoria han devenido abstractos e insustanciales”, concluye la Resolución 1469/2026 del Ministerio de Economía.
El factor decisivo para el giro regulatorio es que YPF ya acordó la transferencia de la totalidad de su participación en Metrogas a Edenor, completando de manera privada el proceso de salida del negocio de distribución de gas. De este modo, el Gobierno considera que se atenúan los riesgos de concentración vertical que pretendía evitar la normativa original y, al mismo tiempo, se preserva la estabilidad operativa de una empresa clave para el abastecimiento de gas a hogares y comercios.
La suspensión de la desinversión obligatoria regirá hasta el 31 de diciembre de 2028, fecha de finalización del Plan Gas.Ar, o hasta que se concrete definitivamente la operación con Edenor, lo que ocurra primero. En ese plazo, el regulador y el Ministerio de Economía seguirán de cerca la evolución del mercado y el impacto de la nueva estructura de propiedad sobre el servicio público.
