Designaciones en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa
NewsITe
El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de 21 fiscales y defensores en distintas jurisdicciones del país, a través de una serie de decretos publicados este martes en el Boletín Oficial. Las designaciones, firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, apuntan a cubrir vacantes en el Ministerio Público Fiscal y en la Defensa Pública, tanto a nivel federal como nacional.
Los nuevos cargos alcanzan a la Ciudad de Buenos Aires y a varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. Con estas incorporaciones, el Ejecutivo busca reforzar el funcionamiento de juzgados y tribunales orales en materia penal, económica y federal, así como la atención a víctimas y a personas menores de edad o en situación de vulnerabilidad.
Entre los nombramientos se destacan defensores y fiscales con actuación en la Capital Federal, en ámbitos clave como la Cámara Federal de Casación Penal, los tribunales orales en lo Criminal y Correccional y los tribunales orales en lo Penal Económico. También se designaron defensores públicos federales con asiento en ciudades del interior, como Salta y Formosa, y una defensora de víctimas en Santiago del Estero.
Quiénes son los nuevos fiscales y defensores
De acuerdo con los decretos difundidos, la lista incluye tanto cargos de fiscalía como de defensa pública. A continuación, algunos de los nombramientos más relevantes:
- Ana Clarisa Galán Muñoz, defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal (Defensoría N.º 3).
- Pedro Mariano Rebollo, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.
- Maximiliano Eduardo Nicolás, defensor público de Menores e Incapaces ante tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Defensoría N.º 4).
- Leandro Gastón, defensor público oficial ante tribunales orales en lo Criminal Federal de La Plata (Defensoría N.º 2).
- Nuria Saba Sardañons, defensora pública oficial adjunta ante tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Defensoría N.º 15).
- Paula Inés Lo Gioia, defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires.
- Carlos Nicolás Escandar, defensor público oficial federal del interior con asiento en la ciudad de Salta.
- María Esther Pinos, defensora pública oficial federal del interior con asiento en la ciudad de Formosa.
- Matías Ezequiel Eidem, fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Fiscalía N.º 7).
- Juan Noel Varela, fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Fiscalía N.º 35).
- Patricia Luján Cisnero, fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Fiscalía N.º 43).
- Ornella Romina Riggittano, fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Fiscalía N.º 27).
- Santiago Roldán, fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal (Fiscalía N.º 2).
- Natalia Cecilia Crede, fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal (Fiscalía N.º 3).
- María Ángeles Ramos, fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal (Fiscalía N.º 4).
También resultaron designados otros defensores públicos oficiales y adjuntos con actuación en la Capital Federal y en provincias como La Rioja, además de Hernán Enrique Figueroa como defensor público oficial ante tribunales orales en lo Penal Económico, y Sofía Beatriz del Milagro Martín como defensora pública de víctima en Santiago del Estero.
Con estas 21 designaciones, el Gobierno avanza en la cobertura de cargos clave del Ministerio Público en distintas jurisdicciones del país, una demanda sostenida del ámbito judicial.
Las nuevas autoridades comenzarán a desempeñar sus funciones una vez cumplidos los pasos administrativos y de toma de posesión previstos, con impacto directo en la tramitación de causas penales, económicas y federales, y en la garantía del acceso a la justicia para la ciudadanía.
