“Percibimos 372 pesos per cápita mensualmente. No tenemos respuestas ante las consultas y los insumos odontológicos siguen subiendo”, señalaron a EL NORTE. La asociación local ‘Lazos que nos unen contra el cáncer’ advierte deficiencias, restricciones y demoras en el acceso a los servicios oncológicos. Al mismo tiempo, ATE denuncia que la obra social no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados afiliados.
De la Redacción de EL NORTE
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denuncia la profunda crisis que atraviesa la obra social ‘que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica’.
“Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”, indicó el secretario general de ATE a nivel nacional, quien también es trabajador del PAMI, Rodolfo Aguiar, y alertó de que ‘en los últimos dos años murieron 45.000 jubilados más de los esperados por el deterioro en su calidad de vida, la falta de medicamentos y las dificultades de acceder al sistema de salud’. “Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable”, sostuvo.
Asimismo, en diálogo con este medio, odontólogos manifestaron que en este momento la atención es normal, “pero con cautela”, ante la falta de actualización de los valores de las prestaciones desde hace más de dos años. “Percibimos 372 pesos per cápita mensualmente. No tenemos respuestas ante las consultas y los insumos siguen subiendo”, explicaron.
En marzo, distintos prestadores del PAMI comenzaron a advertir retrasos en los pagos, entre ellos odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y otros profesionales. La situación había provocado suspensiones de servicios en distintas provincias.
En mayo, el conflicto alcanzó nuevamente a la atención odontológica. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) anunció la suspensión de prestaciones por incumplimientos en los pagos por capitación y retrasos vinculados a prótesis odontológicas.
Durante agosto, la tensión volvió a crecer. Más de 25 clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa anunciaron una suspensión de 24 horas en la atención a afiliados del PAMI, en reclamo por el atraso de los aranceles y las dificultades para sostener las prestaciones. La medida alcanzaba a unos 300.000 afiliados de la región.
Reclamos oncológicos
En paralelo, el mes pasado, más de 200 centros de diálisis advirtieron sobre el impacto de recortes y congelamientos en los pagos. Según la entidad que nuclea a esos prestadores, la situación ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos de unos 4700 afiliados del PAMI y existía una brecha cercana al 50% entre los costos de los centros y los valores reconocidos por la obra social.
Días atrás, EL NORTE daba cuenta de que la asociación civil de San Nicolás ‘Lazos que nos unen contra el cáncer’ advertía deficiencias, restricciones y demoras en el acceso a los servicios oncológicos por parte de la obra social.
Desde hace meses, prestadores, afiliados y organizaciones alertan en todo el país sobre la situación crítica, con urgencia en los diagnósticos oncológicos. Advierten un vademécum restrictivo y sin modernización desde hace años. “Los pacientes necesitan un medicamento innovador o una opción terapéutica de los últimos cinco o seis años y no la tienen cubierta, por lo cual se ven obligados a recurrir a la Justicia para lograr acceder a la medicina”, explican. La barrera administrativa fuerza a los afiliados a tramitar recursos de amparo que, según la localidad, conllevan demoras, costos elevados de honorarios profesionales y un desgaste emocional irreversible. Si bien la cobertura en los papeles promete un cien por ciento de financiamiento para el plan oncológico, en la práctica aplica sobre esquemas de tratamiento atrasados en el tiempo, según reclaman.
El escenario configura así una crisis que no se limita a un único sector. El deterioro de los valores reconocidos a los prestadores y los atrasos en los pagos comenzaron a traducirse en restricciones concretas en el acceso a distintas prestaciones.
Profundización de medidas
El secretario general de ATE Nacional analizó: “No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud”.
En este marco, apuntó: “El vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45.000 adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados”.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez. “Muy ligada a Santiago Caputo”, vincularon desde ATE en un comunicado. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
Eliminación del impuesto PAIS
Uno de los puntos centrales de la discusión se orienta en los recursos que dejó de recibir el organismo después de la eliminación del impuesto PAIS, que estuvo vigente hasta fines de 2024 y tenía entre sus destinos el financiamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Se estima que existe una diferencia de alrededor de $1,2 billones entre los recursos que hubiera recibido este año a través de ese tributo y la compensación prevista por el Gobierno nacional. De acuerdo con esos cálculos, durante 2026 hubieran ingresado unos $2,8 billones provenientes del impuesto PAIS, mientras que la asistencia contemplada para reemplazar esos fondos rondaría los $1,6 billones.
En los últimos meses, clínicas y sanatorios de distintas provincias advirtieron por demoras en los pagos y dificultades para cubrir los costos de atención con los valores reconocidos por PAMI. En junio, el Ministerio de Economía recurrió a bonos para cancelar obligaciones con proveedores, entre ellos farmacias.
