La Justicia provincial pone en pausa la aplicación de la nueva ley
NewsITe
La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, a poco de su entrada en vigencia. La medida preventiva alcanza a todo el territorio bonaerense y abre un fuerte debate sobre la capacidad del sistema para albergar a más adolescentes privados de la libertad.
La resolución fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La presentación se realizó en representación de jóvenes de 14 y 15 años que podrían ser alcanzados por la nueva normativa.
El cuestionamiento central gira en torno a la implementación de la Ley 27.801, que incorporó al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años y modificó las condiciones para la aplicación de penas. La norma, que había comenzado a regir apenas dos días antes del fallo, endurece el marco punitivo para este grupo etario y habilita que sea juzgado por delitos graves con criterios similares a los de los adultos.
En su decisión, Pascual puso el foco en las condiciones materiales y de infraestructura de la provincia para afrontar un eventual incremento en la cantidad de jóvenes detenidos, así como en el tiempo de permanencia en instituciones cerradas. Advirtió sobre el riesgo de agravar el hacinamiento y de vulnerar derechos básicos de adolescentes que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social.
Argumentos del fallo y alcances de la medida
Fuentes judiciales explican que la suspensión por 60 días busca garantizar que el Estado provincial evalúe con mayor detalle el impacto concreto de la reforma y adecúe los dispositivos de alojamiento, acompañamiento y tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Durante ese plazo, los jueces deberán seguir aplicando el esquema anterior de responsabilidad penal juvenil.
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo, vinculada al trabajo territorial con chicos y chicas en situación de consumo problemático y exclusión, había advertido que la nueva ley podría traducirse en más encierro y menos herramientas de inclusión. De allí que el habeas corpus se planteara como una medida de resguardo frente a posibles detenciones masivas y preventivas.
- La Ley 27.801 permite juzgar a adolescentes de 14 y 15 años por delitos graves.
- Organizaciones sociales reclaman que se prioricen políticas de inclusión y prevención.
- La Justicia provincial exige garantías mínimas de infraestructura y trato digno.
La magistrada advirtió sobre la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y la duración de su encierro, sin que la Provincia cuente todavía con las condiciones adecuadas para alojarlos.
La medida, que fue calificada como “preventiva” y “transitoria”, deja a la espera de nuevas definiciones tanto al Poder Ejecutivo bonaerense como al sistema judicial y a las organizaciones que trabajan con adolescentes. En los próximos días se prevé una serie de reuniones técnicas para evaluar alternativas que compatibilicen la protección de derechos de los menores con las demandas de seguridad. La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas presentaciones ante tribunales superiores.
