Personas con discapacidad, familiares, trabajadores y prestadores se concentrarán frente al Congreso mientras Diputados tiene previsto abordar la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad. Reclaman la continuidad de la norma y advierten sobre la situación del sistema de prestaciones.
Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, trabajadores y prestadores volverán a movilizarse este miércoles 9 de septiembre frente al Congreso de la Nación, en una jornada que estará marcada por el debate en la Cámara de Diputados sobre la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad. La convocatoria está prevista entre las 11 y las 13.
El reclamo central es que el Congreso avance con la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La normativa vigente declaró la emergencia en todo el país hasta fines de 2026 y establece medidas vinculadas con el financiamiento de pensiones, las prestaciones, los aranceles y la continuidad de los servicios destinados a las personas con discapacidad.
Desde el colectivo que impulsa la movilización sostienen que la emergencia “no terminó” y reclaman una respuesta legislativa ante las dificultades que atraviesan tanto las personas con discapacidad y sus familias como los prestadores y trabajadores del sector. La concentración coincidirá con una sesión especial solicitada en Diputados para tratar la situación.
El debate llega después de semanas de tensión entre el oficialismo y los bloques opositores. La oposición busca avanzar con la prórroga de la emergencia, mientras que La Libertad Avanza convocó a las comisiones para discutir sus propias iniciativas y planteó un cronograma de tratamiento. Desde distintos bloques cuestionaron esa estrategia por considerar que busca dilatar la definición.
El Gobierno, por su parte, sostiene que durante 2026 implementó actualizaciones en los aranceles de las prestaciones y medidas para ordenar el sistema. Ante la Comisión de Discapacidad de Diputados, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, informó que entre febrero y agosto se aplicaron distintas actualizaciones arancelarias y que se regularizó la cadena de pagos a prestadores de Incluir Salud. Según datos oficiales, hasta julio se habían devengado más de $326.000 millones en prestaciones de discapacidad.
Con posiciones todavía enfrentadas, la jornada del miércoles será clave para conocer si el Congreso logra avanzar con una respuesta a los reclamos del sector. Las organizaciones ya anticiparon que volverán a ocupar las calles para exigir que la emergencia en discapacidad continúe vigente y que las medidas previstas se traduzcan en financiamiento y prestaciones sostenibles.
