Alcance y claves del nuevo régimen penal para adolescentes
NewsITe
El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Régimen Penal Juvenil previsto en la Ley 27.801, que se aplicará a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplan 18. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, y completa así el esquema normativo que comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia de la propia ley.
De acuerdo con la normativa, el objetivo central del régimen es fomentar en los adolescentes imputados el sentido de responsabilidad legal por sus actos y, al mismo tiempo, garantizar su educación, resocialización e integración social. La ley se enmarca en los estándares internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que obligan a priorizar respuestas restaurativas por sobre las meramente punitivas.
El Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. Tendrá a su cargo la coordinación de políticas específicas, el seguimiento de los jóvenes alcanzados por el régimen y la articulación con otros organismos del Estado para asegurar la asistencia integral tanto a los adolescentes como a las víctimas de los delitos.
Creación de un Comité de Justicia Interministerial
La reglamentación crea, dentro del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, concebido como un dispositivo permanente de articulación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo. Este espacio buscará unificar criterios de actuación y asegurar que las políticas de prevención, abordaje y reinserción tengan un enfoque coordinado.
- Coordinar la actuación conjunta de los ministerios involucrados en la aplicación del régimen.
- Elaborar lineamientos comunes en materia de prevención del delito juvenil y de reinserción social.
- Impulsar el intercambio de información estadística y técnica entre las carteras participantes.
- Emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación sobre aspectos transversales del sistema.
- Organizar la articulación necesaria para la ejecución de las penas y medidas previstas por la ley.
El Comité estará integrado por un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, y por delegados del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Capital Humano y del Ministerio de Salud. Se espera que este esquema facilite políticas integrales que incluyan desde la salud mental y las adicciones hasta la educación y la formación laboral de los jóvenes.
Mesa Federal para articular con provincias y Ciudad de Buenos Aires
Además, la reglamentación dispone la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, también en el ámbito del Ministerio de Justicia. Este organismo funcionará como espacio de articulación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La Mesa Federal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
- Promover la armonización de criterios técnicos y procesales entre las distintas jurisdicciones del país.
- Intercambiar experiencias y buenas prácticas vinculadas a la implementación del régimen juvenil.
- Facilitar la firma de convenios de colaboración y cooperación entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires.
- Elaborar recomendaciones no vinculantes sobre el funcionamiento del sistema en todo el territorio nacional.
Estará integrada por un representante de la autoridad de aplicación, que la coordinará; un delegado por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires, y representantes que eventualmente designen la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Establece que entrará en vigencia 180 días después de su publicación, en simultáneo con el decreto reglamentario.
Con este paso, el Gobierno busca dotar de un marco normativo específico y actualizado al abordaje penal de adolescentes, combinando la respuesta frente al delito con políticas de contención, acompañamiento y reinserción social, en coordinación con las jurisdicciones de todo el país.
