El dilema del Gobierno: sostener el superávit y reactivar la economía
NewsITe
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la política económica se ordenó alrededor de una premisa central: primero había que derrotar la inflación para luego volver a crecer. Con ese objetivo, el Gobierno impulsó un fuerte ajuste del gasto público para alcanzar el superávit fiscal y dejar de depender de la emisión del Banco Central para financiar al Tesoro.
La estrategia permitió una baja significativa de la inflación: de niveles superiores al 200% anual se pasó a una tasa cercana al 33% anual, con proyecciones oficiales que la ubican en torno al 18% entre enero y diciembre de 2027 y en un dígito recién en 2028. Sin embargo, el desafío que se abre ahora es distinto: cómo reactivar la inversión y la actividad privada sin desarmar el equilibrio de las cuentas públicas.
La teoría cuantitativa del dinero, referencia clásica de los economistas liberales, plantea que la cantidad de dinero en la economía, multiplicada por su velocidad de circulación, se vincula directamente con el nivel de precios y el volumen de transacciones, aproximado por el PBI. Pero en la práctica argentina, la dinámica es más compleja: la velocidad del dinero se aceleró en un contexto de inflación mensual de entre 2% y 3,4% entre abril de 2025 y abril de 2026, mientras que sectores como la industria y la construcción mostraron debilidad, afectando la recaudación tributaria.
Inversión débil y el rol del RIGI
En este escenario, la gran pregunta es cómo generar crecimiento sin resignar el equilibrio fiscal. La clave está en la inversión, hoy en niveles muy por debajo de lo necesario. De acuerdo con estimaciones privadas, la inversión bruta interna fija retrocedió alrededor de 8% entre julio de 2025 y julio de 2026 y se mueve actualmente en una franja del 14% al 16% del PBI, cuando históricamente se ubicó entre el 20% y el 21%.
Para revertir esa tendencia, el Gobierno impulsa el Régimen para Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios tributarios, aduaneros y de amortización para proyectos nacionales y extranjeros. A esto se suman un RIGI para proyectos de menor escala y un denominado Súper RIGI, destinado a iniciativas superiores a los US$ 1.000 millones, con foco en sectores como la inteligencia artificial y otras actividades de alta tecnología.
Aunque estas herramientas empiezan a mostrar interés en el sector privado, aún no se observa un flujo de proyectos capaz de revertir con fuerza la caída de la inversión. El contexto político tampoco ayuda: el año próximo habrá elecciones presidenciales y muchos inversores prefieren esperar definiciones antes de comprometer capital en proyectos de largo plazo.
Salarios, crédito y clima de negocios
Los analistas coinciden en que para crear un verdadero clima de inversiones es imprescindible que la demanda privada muestre señales de recuperación. Eso implica una mejora más rápida del salario real y de las jubilaciones, algo que hoy avanza con cautela para no tensionar nuevamente la inflación ni el frente fiscal. Un incremento del poder de compra podría motorizar el consumo y, con ello, dar razones a las empresas para ampliar su capacidad instalada.
Otro punto crítico es el crédito. La mora en los préstamos se incrementó tras la suba de la tasa de interés real en el segundo semestre de 2025, lo que llevó al Congreso y al propio Poder Ejecutivo a trabajar en propuestas para aliviar a deudores y recomponer el funcionamiento del sistema financiero. En la Argentina, el crédito al sector privado apenas llega al 12% del PBI, muy lejos de los estándares internacionales.
- Al inicio del actual Gobierno, el crédito representaba apenas el 5% del PBI.
- En otros momentos de la economía argentina alcanzó el 24%, que muchos consideran una meta razonable de corto plazo.
- En Chile, el crédito al sector privado supera el 75% del PBI; en Brasil se ubica en niveles similares y en Estados Unidos sobrepasa el 100%.
Para acortar esas brechas, especialistas subrayan la necesidad de desarrollar un mercado de capitales más profundo, capaz de canalizar el ahorro hacia proyectos productivos y no sólo hacia alternativas de corto plazo o dolarización de carteras.
El equilibrio fiscal como condición política y económica
En este contexto, el Gobierno enfrenta una ecuación delicada: sostener el superávit fiscal como ancla de la estabilidad y, al mismo tiempo, impulsar medidas que mejoren el ingreso disponible de los hogares y el acceso al financiamiento de las empresas. De esa combinación depende, en buena medida, que la inversión deje de estar estancada y que la economía logre un sendero de crecimiento sostenido.
El gran desafío de los próximos meses será, según coinciden economistas y consultoras privadas, estimular la demanda del sector privado sin volver a encender los desequilibrios que llevaron a la crisis anterior.
De lograrlo, señalan, el oficialismo no sólo consolidaría su programa económico sino que también mejoraría sus chances electorales para 2027. La continuidad o no del rumbo actual será, precisamente, uno de los ejes de la campaña que se avecina.
