El exgobernador entrerriano fue alojado en la Unidad Penal N°1
NewsITe
El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue detenido durante la madrugada de este jueves y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde comenzará a cumplir la condena de ocho años de prisión que pesa sobre él por delitos de corrupción vinculados al manejo de la publicidad oficial durante su gestión.
La detención se concretó en su vivienda de la ciudad de Concordia, desde donde personal de la Policía de Entre Ríos lo trasladó a lo largo de casi 280 kilómetros hasta la capital provincial. El procedimiento se llevó a cabo luego de que el Tribunal de Juicio ordenara su inmediata captura, una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia al rechazar el último recurso presentado por la defensa.
La medida judicial alcanza también a otros dos condenados en la misma causa: Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y Pedro Báez, exministro de Comunicación de la provincia. Ambos fueron puestos a disposición del Servicio Penitenciario entrerriano y alojados, al igual que el exmandatario, en la penitenciaría de Paraná, donde permanecerán mientras cumplen sus respectivas penas.
Rechazo al pedido de prisión domiciliaria
En las horas previas al operativo, los abogados defensores de Urribarri intentaron evitar el encarcelamiento mediante un pedido de prisión domiciliaria. Argumentaron que el exgobernador, de 67 años, atraviesa diversos problemas de salud mental y física, entre ellos estrés postraumático, hipertensión y afecciones cardíacas, que harían aconsejable el cumplimiento de la pena fuera de un establecimiento carcelario.
El tribunal, sin embargo, desestimó el planteo al considerar que la defensa no aportó elementos médicos suficientes que justificaran un beneficio excepcional. Los jueces entendieron que las dolencias descriptas pueden ser atendidas dentro del sistema penitenciario, por lo que no existían causales para suspender ni morigerar el cumplimiento efectivo de la condena.
Condena por corrupción y desvío de fondos públicos
Urribarri fue condenado en 2022 por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado. La Justicia dio por probado un esquema de desvío de fondos públicos mediante contratos de publicidad oficial simulados, celebrados entre 2010 y 2015, durante sus dos mandatos al frente de la Gobernación.
Según la investigación, partidas millonarias asignadas a campañas institucionales y promocionales terminaron beneficiando a empresas vinculadas al círculo familiar y político del exmandatario. El tribunal entendió que esos contratos estaban dirigidos, en los hechos, a favorecer a allegados, y no a cumplir con objetivos de comunicación del Estado provincial.
El caso se inscribe en una serie de expedientes por corrupción que en los últimos años alcanzaron a exfuncionarios provinciales y nacionales, y vuelve a poner en el centro del debate la administración de los recursos públicos y los mecanismos de control sobre la pauta oficial. Con el ingreso de Urribarri a la cárcel de Paraná, la causa entra en una nueva etapa, marcada por el efectivo cumplimiento de la pena y el cierre de la vía recursiva para el exgobernador entrerriano.
La Corte Suprema dejó firme la condena al rechazar el último recurso de la defensa y habilitó así la detención del exmandatario entrerriano.
Mientras la defensa evalúa eventuales planteos ante instancias internacionales, en Entre Ríos el caso ya se lee como un hito en materia de responsabilidad penal de exfuncionarios y como una señal sobre el tratamiento judicial de los delitos contra la administración pública.
