Proyecto para dar de baja el convenio fiscal con el Reino Unido
NewsITe
El diputado nacional entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo denuncie y deje sin efecto el convenio para evitar la doble imposición firmado entre la Argentina y el Reino Unido en 1996, que otorga beneficios fiscales a empresas británicas con rentas en el país.
Se trata del acuerdo suscripto en Buenos Aires el 3 de enero de 1996 y aprobado por la Ley 24.727, que establece límites a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías. Según datos citados por Michel, el esquema tiene un costo fiscal promedio estimado en unos 50 millones de dólares anuales para el fisco argentino.
El legislador argumenta que el mantenimiento de este régimen preferencial resulta incompatible con la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales de la Plataforma Continental. En su iniciativa, remarca que el propio convenio prevé en su artículo 31 la posibilidad de ser denunciado por cualquiera de las partes, mediante comunicación diplomática con al menos seis meses de anticipación al cierre del año calendario.
Michel vincula su propuesta con la decisión reciente del Gobierno nacional de volver a aplicar de manera estricta la Ley 26.659 —modificada por la Ley 26.915—, que establece sanciones para personas físicas y jurídicas que realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización oficial. A su entender, esa línea de acción debe complementarse con una política económica y tributaria consistente frente al Reino Unido.
Argumentos del proyecto y eje en la soberanía
El diputado sostiene que el Reino Unido «continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales –petróleo y pesca– en áreas sujetas a la disputa de soberanía, sin autorización de nuestro país», y que frente a ese escenario la Argentina no puede seguir ofreciendo ventajas impositivas a empresas británicas que operan localmente.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, más de 500 contribuyentes del Reino Unido se habrían beneficiado con el convenio de doble imposición en los últimos años, mientras que el uso recíproco por parte de contribuyentes argentinos es muy reducido. Para Michel, esta asimetría refuerza la necesidad de revisar el esquema bilateral.
- El convenio rige desde 1996 y fue aprobado por la Ley 24.727.
- Establece topes a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías.
- Implica un costo fiscal estimado en 50 millones de dólares al año.
- Sería denunciado en los términos previstos por su artículo 31.
«Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina», afirmó Michel, al reclamar coherencia entre la política diplomática, la defensa de los recursos naturales y los instrumentos tributarios que ordenan el vínculo económico con el Reino Unido.
El debate sobre el futuro del convenio se inscribe en una discusión más amplia sobre la política exterior argentina, la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y el uso de herramientas fiscales como instrumento de presión y negociación en el marco de la relación bilateral con Londres.
