Milei aplicó el mayor ajuste a las provincias desde 2005
NewsITe
Los envíos discrecionales de la Nación a las provincias volvieron a marcar un fuerte ajuste en agosto y alcanzaron el peor nivel para ese mes desde, al menos, 2005. De acuerdo con un informe de la consultora Politikón Chaco, las transferencias sumaron $68.288 millones, lo que implica una caída real del 66,4% interanual, en línea con la política de reducción del gasto que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Estas partidas, que no forman parte de la coparticipación automática y que el Ejecutivo distribuye según criterios políticos y programáticos, son clave para financiar programas educativos, obras de infraestructura y asistencia previsional en las provincias. La contracción del flujo financiero impacta de manera dispar en los distintos distritos, profundizando las tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores.
El estudio remarca que los fondos destinados a la “Universalización de la Jornada Extendida” concentraron el 45% de todo lo enviado en agosto, con $30.455 millones. Se trata de un programa educativo que apunta a ampliar el tiempo de permanencia de los alumnos en las escuelas, por lo que el recorte y la concentración de recursos obligan a las jurisdicciones a reacomodar sus presupuestos para sostener o redefinir sus planes.
En segundo lugar se ubicaron las transferencias a las Cajas Previsionales Provinciales, que recibieron $15.000 millones y explicaron el 22% del total distribuido. Sumadas ambas partidas —educación y previsión— representan el 67% de los recursos discrecionales girados durante el mes, lo que evidencia una fuerte focalización en pocos conceptos y deja menos margen para otras áreas sensibles, como infraestructura o programas sociales específicos.
Las provincias más beneficiadas y las relegadas
La distribución geográfica de los fondos mostró una marcada concentración en un puñado de distritos. La provincia de Buenos Aires fue la principal receptora, con el 23,7% del total y envíos por $16.190 millones, pese a registrar una caída real del 72,5% frente al mismo mes del año anterior. Le siguieron Entre Ríos, con el 12,9% y $8.778 millones, y Santa Fe, con el 10,4% y $7.124 millones.
Otros distritos con fuerte participación fueron La Pampa, que recibió $5.232 millones (7,7% del total), Misiones con $4.582 millones (6,7%) y San Luis con $4.261 millones (6,2%). En algunos casos, como La Pampa, los montos exhiben aumentos reales extraordinarios respecto de 2023, lo que sugiere decisiones puntuales de asignación de recursos en un contexto general de recorte.
En el otro extremo del listado quedaron las provincias con menor participación relativa. Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa y Santa Cruz recibieron menos del 0,3% del total distribuido en agosto. Santa Cruz, por caso, apenas obtuvo $24 millones, con una caída real cercana al 100%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibió $804 millones, con un derrumbe del 99,1% en términos reales.
Sin ATN y con fuerte caída en el acumulado del año
El informe también destaca que en agosto no se registraron giros por Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta históricamente utilizada para asistir a provincias en situaciones de emergencia financiera o desequilibrios transitorios. La ausencia de ATN se alinea con la decisión del Gobierno de reducir al mínimo este tipo de asistencia discrecional.
En los primeros ocho meses del año, los recursos discrecionales acumulados totalizaron $806.489 millones, lo que supone una baja real interanual del 63,1% frente a igual período del año anterior. Este ajuste prolongado obliga a las administraciones provinciales a revisar sus cuentas, recortar gastos o buscar nuevas fuentes de financiamiento en un contexto de recesión y caída de la recaudación.
“El flujo financiero se convierte en el peor agosto desde, por lo menos, el año 2005”, concluye el reporte de Politikón Chaco, al subrayar la magnitud del ajuste en las transferencias nacionales a las provincias.
Mientras el Gobierno nacional reivindica el recorte del gasto como parte de su plan de equilibrio fiscal, los gobernadores advierten por el impacto sobre la obra pública, los sistemas previsionales locales y los programas sociales. La discusión por el reparto de fondos promete seguir en el centro de la agenda política en los próximos meses.
