Refuerzan exigencias sobre Malvinas para grandes inversiones
NewsITe
El Gobierno nacional dispuso un endurecimiento de los controles vinculados con las Islas Malvinas para todas las compañías que pretendan adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares oficiales para atraer capitales al país. La medida apunta a cerrar la puerta a firmas que desarrollen o hayan desarrollado actividades hidrocarburíferas en la zona en disputa de soberanía sin autorización argentina.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los proyectos que busquen acceder a los beneficios del RIGI deberán acompañar una declaración jurada en la que sus representantes aseguren que ni la empresa ni sus vinculadas realizan ni realizarán exploración o explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin el permiso de las autoridades nacionales, tal como establece la Ley 26.659.
Esa norma, sancionada para reforzar la posición argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, fija un régimen de sanciones para las empresas que operen en el área bajo disputa sin autorización oficial. Entre las posibles penalidades figuran inhabilitaciones para contratar con el Estado, multas económicas y restricciones para acceder a permisos en el sector energético.
Rol de Cancillería y alcance de los nuevos controles
El decreto también designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esto implica que la Cancillería tendrá un rol central en la evaluación de los antecedentes de las compañías que busquen ingresar al RIGI o solicitar permisos de exploración, concesiones de explotación y autorizaciones para el transporte de hidrocarburos.
En la práctica, la cartera conducida por el titular de Exteriores deberá verificar que las empresas no figuren vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin consentimiento argentino. En caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, podrá impulsar medidas administrativas o judiciales, así como recomendar la exclusión del régimen de promoción o la revocación de beneficios ya otorgados.
- Obligatoriedad de presentar una declaración jurada específica sobre Malvinas.
- Extensión de la exigencia a empresas controladas, controlantes y vinculadas.
- Intervención de Cancillería en los procesos de otorgamiento de permisos y concesiones.
- Posibles sanciones para quienes vulneren la Ley 26.659.
La Ley 26.659 prohíbe y sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas en disputa de soberanía sin autorización argentina, reforzando el reclamo permanente sobre las Islas Malvinas.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca alinear la política de promoción de inversiones con la posición histórica de la Argentina en la cuestión Malvinas. La compatibilización entre incentivos económicos y resguardo de la soberanía aparece como un eje clave en la estrategia oficial para atraer capitales, evitando que empresas con antecedentes en la explotación de recursos en la zona en disputa puedan beneficiarse de regímenes especiales dentro del país.
