Bolivia traslada a Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad

Cerimedo será derivado a Chonchocoro mientras avanza la causa

Fernando Cerimedo será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, Bolivia

NewsITe

El consultor político argentino Fernando Cerimedo será trasladado en las próximas horas a la cárcel de Chonchocoro, un penal de máxima seguridad ubicado en las afueras de La Paz, Bolivia. Deberá cumplir allí seis meses de prisión preventiva, acusado por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes judiciales del vecino país.

La medida fue dispuesta por la Justicia boliviana en el marco de una investigación patrimonial que incluye presuntas irregularidades en el manejo de fondos y contratos. La defensa de Cerimedo anticipó que intentará frenar el traslado en una audiencia prevista para este viernes, en la que buscará demostrar que no existen riesgos procesales que justifiquen el envío a un penal de máxima seguridad.

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Hasta ahora, Cerimedo se encuentra detenido en la prisión de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz, uno de los complejos carcelarios más grandes y conflictivos de Bolivia. Sus abogados sostienen que, desde ese establecimiento, el consultor puede ejercer sin obstáculos su derecho a la defensa y que el cambio de unidad solo tendría un carácter punitivo.

En Palmasola, el argentino afronta además otra causa en la que se le dictó prisión preventiva por tentativa de femicidio. La acusación se vincula al ataque sufrido el 17 de agosto por su expareja, Nadia Beller, quien fue baleada por sicarios. Los investigadores sospechan que el atentado podría haber sido ordenado o instigado por Cerimedo. Ambas investigaciones, la de violencia de género y la de enriquecimiento ilícito, avanzan en paralelo.

Chonchocoro y el trasfondo regional del caso

La cárcel de Chonchocoro, donde se prevé que sea alojado, es conocida por albergar a reclusos de alto perfil, incluidos condenados por homicidios múltiples y delitos considerados de alta peligrosidad. Se trata de un establecimiento de máxima seguridad emplazado en el altiplano paceño, con un régimen de encierro más estricto que el de otras prisiones del sistema penitenciario boliviano.

El caso que involucra a Cerimedo también tiene derivaciones fuera de Bolivia. En Chile, la Cámara de Diputados conformó recientemente una comisión investigadora para analizar si se implementaron mecanismos de manipulación algorítmica y campañas de desinformación mediante cuentas automatizadas durante procesos electorales y plebiscitarios desde 2020.

Uno de los puntos que indagará ese cuerpo parlamentario es si Cerimedo asesoró o intervino en la campaña por el “rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022, en el que sectores vinculados al Partido Republicano impulsaron el voto negativo a la propuesta de nueva Carta Magna. La figura del estratega argentino ya había sido señalada en la región por su trabajo en campañas digitales y operaciones en redes sociales.

Investigación en Chile y repercusiones políticas

El actual presidente del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, se despegó públicamente de Cerimedo y negó cualquier relación contractual. “El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”, afirmó en una entrevista radial, al ser consultado por las presuntas conexiones con el consultor argentino.

La comisión investigadora fue impulsada por el diputado José Montalva, del Partido Por la Democracia (PPD), y obtuvo 69 votos positivos, 43 negativos y una abstención, superando holgadamente el piso de 62 adhesiones requerido para su aprobación. El cuerpo tendrá como mandato reconstruir posibles redes de financiamiento, contratación de servicios digitales y uso de bots y campañas coordinadas de desinformación.

La situación judicial de Fernando Cerimedo se inserta en un escenario regional atravesado por denuncias de violencia de género, sospechas de corrupción y crecientes cuestionamientos al uso de la desinformación como herramienta política.

Mientras la defensa insiste en que las causas responden a motivaciones políticas, las autoridades bolivianas sostienen que se trata de investigaciones penales ordinarias, con pruebas que justifican las medidas restrictivas. El resultado de la audiencia por el traslado a Chonchocoro y los avances de las pesquisas en Bolivia y Chile serán claves para definir el futuro judicial y político del consultor argentino.

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