Embargo millonario en dólares sobre bienes de la legisladora
NewsITe
La Justicia de Río Negro dispuso un nuevo embargo preventivo sobre bienes de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, en el marco de una causa civil vinculada al desarrollo inmobiliario Tajamar, ubicado en la localidad balnearia de Las Grutas. La medida fue ordenada por el juez Cristian Tau Anzoátegui, titular de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de Bariloche, y asciende a 29.970 dólares.
De acuerdo con la resolución judicial, el embargo tiene carácter preventivo y busca asegurar el eventual cumplimiento de una futura sentencia en un juicio civil. El reclamo fue iniciado por un particular que denunció presuntos incumplimientos en la entrega de un terreno y en la provisión de servicios básicos de infraestructura dentro del emprendimiento Tajamar, promocionado como un proyecto inmobiliario en expansión sobre la costa rionegrina.
Fuentes vinculadas a la causa explicaron que este tipo de medidas no implica una condena firme ni supone una definición sobre la responsabilidad penal o civil de la legisladora, sino que se trata de una herramienta habitual en el fuero civil para resguardar el resultado de un litigio mientras el expediente sigue su curso. El embargo se aplica sobre bienes y activos a nombre de Villaverde por el monto fijado en dólares.
Antecedentes de otros embargos contra la diputada
Este no es el primer revés judicial que enfrenta la diputada en torno al mismo emprendimiento. En el último tiempo se dictaron otras medidas cautelares vinculadas a la comercialización del loteo Tajamar, que incluyeron embargos por alrededor de 50 millones de pesos en 2025, así como el bloqueo de su dieta y aguinaldo por 40,5 millones de pesos en diciembre pasado. A ello se sumó otro embargo por más de 31 millones de pesos en marzo de este año.
Los reclamos de compradores y particulares se centran, principalmente, en presuntas demoras o incumplimientos en la entrega de lotes y en la ejecución de la infraestructura prometida, como redes de servicios, apertura de calles y condiciones básicas para hacer habitables los terrenos. Estas causas se tramitan en el fuero civil rionegrino, donde aún se evalúan responsabilidades y eventuales resarcimientos.
La respuesta de Villaverde y la continuidad del proyecto
Tras conocerse la nueva medida, Villaverde manifestó a la prensa que se enteró del embargo preventivo a través de los medios de comunicación y sostuvo que desconoce las acusaciones concretas que se le atribuyen en esta causa en particular. La diputada remarcó que, hasta el momento, no existe ninguna sentencia ni condena firme en su contra en relación con el emprendimiento Tajamar.
La legisladora libertaria defendió el desarrollo inmobiliario y adjudicó las demoras a factores externos, entre ellos el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la actividad de la construcción y los proyectos urbanísticos. Según señaló, los trabajos en el loteo continúan en marcha y el emprendimiento sigue adelante, aunque sin brindar detalles específicos sobre plazos de entrega o la situación puntual de los compradores que iniciaron las demandas.
En este contexto, el conflicto en torno a Tajamar vuelve a poner bajo la lupa a los desarrollos inmobiliarios en zonas turísticas como Las Grutas, donde en los últimos años se multiplicaron los proyectos de loteo. Especialistas en derecho inmobiliario recuerdan que, ante este tipo de inversiones, es clave que los compradores verifiquen la documentación, el estado de los servicios y las condiciones contractuales, para evitar futuras controversias judiciales como la que hoy involucra a Villaverde.
La medida de embargo preventivo no implica una condena, sino un resguardo patrimonial mientras la Justicia define el fondo del litigio.
Mientras tanto, el expediente seguirá su curso en los tribunales de Río Negro, donde se evaluarán pruebas, contratos y compromisos asumidos en el marco del emprendimiento Tajamar. Hasta tanto no haya una sentencia definitiva, el embargo preventivo se mantendrá como una garantía frente a las pretensiones económicas del demandante.
