Aliados presionan por más protección a firmas nacionales
NewsITe
Una nueva pulseada política alrededor del régimen de incentivos a las grandes inversiones volvió a tensar el clima en el Congreso. Los bloques aliados de la UCR y el PRO presentaron una propuesta para reforzar la protección de las empresas nacionales dentro del denominado Súper RIGI, lo que terminó demorando la firma del dictamen y podría postergar el tratamiento del proyecto en el recinto.
El punto central del reclamo es la incorporación de una cláusula de preferencia nacional. Según plantearon los aliados, cuando exista una diferencia de hasta el 15% en los precios ofertados entre una compañía argentina y otra extranjera, el Estado debería priorizar la contratación de la firma local. La sugerencia apunta a evitar que el nuevo esquema de incentivos termine desplazando a la producción nacional en beneficio exclusivo del capital foráneo.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, encabezó la defensa de la iniciativa original del oficialismo y lanzó una advertencia que dejó en claro la tensión interna: “Si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, señaló, aludiendo al régimen vigente. La dirigente se enteró del nuevo pedido de la UCR y el PRO cerca de las 11, cuando el planteo todavía no contaba con el aval del Ministerio de Economía, condición indispensable para incorporarlo al texto.
Debate en comisiones y dictamen en suspenso
La discusión se dio en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión Nacional y Legislación General, presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez. Monteverde anunció que el dictamen, con otros cambios ya consensuados con los aliados, pasaba a la firma. Sin embargo, varios legisladores opositores eligieron no acompañar aún el texto.
Entre quienes decidieron no firmar se encuentran los macristas Martín Goerling Lara y Victoria Huala, además del radical Maximiliano Abad. Ese gesto volvió a dejar en evidencia las diferencias en el arco aliado del oficialismo respecto del alcance del Súper RIGI, especialmente en lo referido al impacto sobre las pymes locales y la competencia con grandes inversores internacionales.
En las últimas semanas, Bullrich había aceptado una serie de modificaciones solicitadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales. Los cambios se concentraron en dos ejes sensibles: mayores resguardos para las empresas nacionales y garantías en materia de abastecimiento energético para proyectos vinculados a la inteligencia artificial y a la explotación de minerales críticos, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país.
Qué se discute detrás del Súper RIGI
- El régimen busca atraer grandes inversiones con beneficios impositivos y previsibilidad normativa a largo plazo.
- La UCR y el PRO reclaman asegurar que esos incentivos no impliquen una desventaja estructural para las firmas argentinas.
- El Gobierno procura mantener la competitividad del esquema frente a otros países de la región que compiten por el mismo capital.
“Si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, advirtió Patricia Bullrich, marcando el límite a nuevas concesiones.
Con el dictamen aún en suspenso y nuevas negociaciones abiertas con el Ministerio de Economía, el futuro del Súper RIGI permanece atado a la capacidad del oficialismo y sus aliados de encontrar un punto de equilibrio entre la atracción de inversiones y la protección de la producción nacional. El desenlace será clave para el rumbo de la política económica en los próximos meses.
