Las modificaciones alcanzan a los proyectos de centros de datos y al desarrollo de proveedores locales. El oficialismo buscará reunir este miércoles las 25 firmas necesarias para llevar la iniciativa al recinto del Senado.
La Libertad Avanza aceptó dos modificaciones reclamadas por el PRO y la Unión Cívica Radical para destrabar el dictamen del denominado Súper RIGI. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión Nacional y Legislación General volverán a reunirse este miércoles, desde las 13, en el Salón Azul, después de cuatro encuentros informativos dedicados al análisis de la iniciativa.
El oficialismo convocó a una quinta reunión porque no cuenta con mayoría propia y necesita el acompañamiento de sus aliados para avanzar. Si no surgen contratiempos durante el plenario, La Libertad Avanza confía en reunir las 25 firmas necesarias para emitir el despacho.
Según informó Mendoza Online, el proyecto obtendría dictamen con al menos dos cambios respecto de la media sanción. Esa situación obligará al Senado a devolver la iniciativa a la cámara de origen antes de su eventual conversión en ley.
Fuentes oficialistas anticiparon que, una vez cerrado el despacho, el Gobierno tendrá posibilidades de llevar el Súper RIGI al recinto el jueves 10 de septiembre. Sin embargo, ese cronograma dependerá del resultado de la reunión de comisiones y de que el oficialismo mantenga los respaldos negociados con el PRO y la UCR.
Los cambios incorporados surgieron principalmente de los reclamos formulados por las provincias. El primero alcanza a las empresas que pretendan ingresar al régimen para instalar centros de datos. Esas compañías deberán construir sus propias subestaciones eléctricas con el objetivo de reducir el riesgo de interrupciones en el suministro energético.
El segundo cambio obliga a las empresas comprendidas dentro de las denominadas “nuevas industrias” a promover el desarrollo y la integración de proveedores locales. Esta condición pasará a formar parte de los compromisos que deberán asumir los proyectos beneficiados por el régimen.
El Ejecutivo definirá qué actividades podrán ingresar al régimen
El texto incorpora entre sus objetivos prioritarios el incentivo al desarrollo de capacidades técnicas, científicas y tecnológicas vinculadas con las nuevas industrias. No obstante, el Congreso no establecerá de manera directa qué sectores quedarán comprendidos dentro de esa categoría.
La reglamentación determinará los criterios para definir y acreditar qué proyectos representan una “nueva actividad económica”. De esa manera, el Poder Ejecutivo conservará la facultad de establecer una de las principales condiciones de ingreso al Súper RIGI.
La definición resulta determinante porque funcionará como la llave de acceso a los beneficios fiscales y laborales contemplados en el proyecto. El Ejecutivo deberá precisar mediante la reglamentación cuáles serán las actividades habilitadas y qué requisitos tendrán que cumplir para obtener el reconocimiento.
El plazo para solicitar la adhesión será de cinco años contados desde la entrada en vigencia de esa reglamentación. El Gobierno podrá extenderlo por única vez y durante un período máximo de un año, mediante un decreto fundado.
En caso de aplicar esa prórroga, el Poder Ejecutivo deberá publicar el decreto junto con una evaluación previa sobre el desempeño del régimen. La iniciativa también crea un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, que funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación y permitirá el acceso libre a la información.
El proyecto establece además un tratamiento diferencial para las inversiones destinadas a investigación y desarrollo. Al momento de calcular el monto mínimo exigido para ingresar al régimen, esos desembolsos se computarán por el doble de su valor.
Ese mecanismo tendrá un límite: la ponderación especial no podrá superar el 20% del piso de inversión requerido. Cuando el gasto exceda ese porcentaje, el monto restante volverá a computarse por su valor nominal.
El régimen fija un piso para contratar proveedores nacionales
El plan de desarrollo de proveedores locales obligará a las empresas a destinar al menos el 20% del monto total previsto para el pago de proveedores a la contratación de oferta nacional de bienes, servicios u obras.
La exigencia regirá siempre que exista disponibilidad en condiciones de mercado, tanto en precio como en calidad. La incorporación de este requisito formó parte de las modificaciones que reclamaron las provincias y que La Libertad Avanza terminó aceptando para conseguir el acompañamiento del PRO y la UCR.
De acuerdo con la información publicada por Mendoza Online, el paquete de incentivos contempla rebajas en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. También incluye créditos fiscales para el IVA y exenciones sobre los derechos de importación y exportación.
Las empresas que ingresen al régimen accederán, además, a alícuotas especiales en las contribuciones patronales. Estos beneficios se aplicarán a los proyectos que cumplan con los montos mínimos de inversión, los compromisos establecidos y las condiciones que posteriormente defina la reglamentación.
Con las modificaciones incorporadas, el oficialismo buscará firmar el dictamen y encaminar el tratamiento en el recinto. Sin embargo, como el Senado introducirá cambios sobre la media sanción, el proyecto deberá regresar a la cámara de origen para completar su trámite legislativo.
