Milei desestima nuevos recursos de empleados de Capital Humano
NewsITe
El presidente Javier Milei volvió a respaldar el proceso de reorganización del Estado y rechazó nueve nuevos recursos administrativos presentados por empleados del Ministerio de Capital Humano, afectados por pases a disponibilidad. Las decisiones fueron oficializadas mediante los decretos 849, 850, 851 y 854 a 859/2026, publicados en el Boletín Oficial.
Los planteos habían sido impulsados por trabajadores de distintas áreas y programas de la cartera que conduce Capital Humano, quienes cuestionaron las medidas dispuestas en el marco de la supresión, reducción o reestructuración de dependencias. En todos los casos, el Poder Ejecutivo desestimó los argumentos y ratificó el rumbo del ajuste y la revisión de estructuras estatales.
Según se desprende de los decretos, los recursos rechazados no implican nuevas cesantías resueltas esta semana, sino que constituyen la respuesta definitiva a impugnaciones previas contra pases a disponibilidad ya concretados. Es decir, se trata del cierre de la instancia administrativa de reclamo iniciada por los agentes afectados.
Con esta decisión, la Casa Rosada agota la vía administrativa y deja habilitada la posibilidad de que los trabajadores recurran a la Justicia para intentar revertir la situación, siempre dentro de los plazos y canales previstos por la legislación vigente. En tribunales podrían plantear la revisión de los fundamentos de los pases a disponibilidad, que se enmarcan en el programa de reordenamiento del sector público nacional impulsado por la actual gestión.
Reestructuración en Capital Humano y antecedentes recientes
La nueva tanda de rechazos se suma a otros recursos administrativos que ya habían sido desestimados en semanas anteriores y que también estaban vinculados con la transformación de las estructuras del Ministerio de Capital Humano. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, esa cartera se convirtió en uno de los ejes del rediseño del Estado, con la revisión de programas sociales, la reducción de estructuras y la reasignación de funciones.
Organizaciones gremiales del sector estatal han manifestado su preocupación por el impacto de estas decisiones sobre el empleo público y las condiciones laborales, mientras que el Gobierno defiende los cambios como parte de un plan de “ordenamiento y eficiencia” para reducir el gasto y concentrar recursos en áreas consideradas prioritarias. En este contexto, no se descarta que nuevas presentaciones judiciales busquen frenar o morigerar el avance de los recortes.
Las resoluciones conocidas hoy se inscriben así en un proceso más amplio de reforma del Estado, que continúa generando tensión entre el oficialismo y los trabajadores del sector público, y que promete seguir escalando a los tribunales a medida que se cierran las instancias administrativas.
