ONG cuestionan en la ONU el rol de la Justicia Federal de Bariloche
NewsITe
Dos organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) volvieron a poner bajo la lupa internacional la causa que se sigue en Bariloche contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de presunta trata de personas. La presentación apunta de lleno contra el accionar de la Justicia Federal rionegrina y, en particular, contra la intervención del fiscal Fernando Arrigo.
La declaración escrita fue remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su sexagésima tercera sesión, prevista entre el 7 de septiembre y el 9 de octubre de 2026 en Ginebra. Las entidades firmantes son Citoyens en action pour la démocratie et le développement (CADD) y Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAP LC), ambas con trayectoria en el seguimiento de causas vinculadas a libertades fundamentales.
En el texto, las ONG recuerdan que Rudnev se encuentra bajo arresto domiciliario en la Argentina, en etapa de recuperación tras una cirugía y una hospitalización reciente. De acuerdo con los informes médicos citados, el imputado requiere “estricto reposo en cama y asistencia continua”, por lo que cualquier decisión que implique su regreso a una unidad penitenciaria “lo expondría a riesgos” que el Estado no podría desatender sin comprometer obligaciones básicas en materia de derechos humanos.
Críticas al rol de Casación y al nuevo Código Procesal Penal
El núcleo del planteo gira en torno a una reciente resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que aceptó analizar una queja de la fiscalía contra la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario de Rudnev. Para las organizaciones, esa decisión resulta incompatible con la estructura del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
Según explican, los artículos 53, 54 y 350 del CPPF asignan a los jueces de revisión el tratamiento de las medidas de coerción durante la etapa de investigación preliminar, excluyendo expresamente a la Casación de ese tipo de intervenciones. Ese diseño, recuerdan, buscó evitar litigios interminables sobre medidas cautelares y reforzar la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Al admitir la queja, la Cámara de Casación –siempre según la presentación– habría creado “una vía procesal que el CPPF no contempla”, abriendo la puerta a que un imputado con salud frágil vuelva a enfrentar la posibilidad de ser encarcelado. El recurso de la defensa sostiene, además, que se declaró admisible una impugnación “sin fundamento legal”, en tensión con la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre medidas restrictivas de la libertad.
Derecho internacional y cuestionamientos al fiscal Arrigo
Las ONG enmarcan el caso dentro de las obligaciones de la Argentina derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado a la Constitución Nacional. Citan en particular los artículos 14.2 y 14.5, que garantizan la presunción de inocencia, el derecho a un juicio imparcial y la revisión de una condena por un tribunal superior. A su entender, cuando el alcance de la casación se desborda de lo previsto en el derecho interno, “la coherencia del sistema queda comprometida”.
Uno de los tramos más duros del documento se concentra en la actuación del fiscal federal Fernando Arrigo. La presentación indica que investigadores internacionales identificaron en su desempeño una “obsesión especial” con Rudnev y con el grupo que el expediente califica como un “culto”. De acuerdo con las ONG, el representante del Ministerio Público habría asumido, tanto en esta causa como en otras, un rol que excede sus facultades, orientando a los jueces sobre cómo interpretar el Código Penal y relativizando sus límites.
- Alteración del equilibrio entre acusación y poder judicial.
- Riesgo de que la estrategia fiscal prevalezca por sobre el texto de la ley.
- Posible debilitamiento de las garantías procesales del imputado.
“Los recursos no autorizados por el código no deberían utilizarse para prolongar o intensificar medidas coercitivas”, advierte el documento elevado al Consejo de Derechos Humanos.
En su cierre, la declaración invita al Gobierno argentino y a las autoridades judiciales competentes a garantizar la aplicación estricta del CPPF y a respetar los límites de competencia de cada instancia. El caso Rudnev, afirman las ONG, excede la situación individual del ciudadano ruso y expone tensiones de fondo en la articulación entre el sistema procesal penal argentino y los compromisos internacionales en materia de debido proceso. Mientras la defensa evalúa acudir a la Corte Suprema, el expediente suma ahora un nuevo capítulo en el ámbito de la ONU.
