Imputan a dos ex funcionarias por el caso del fentanilo contaminado
NewsITe
La Justicia federal de La Plata procesó a la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y a la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que provocó cerca de 100 muertes en el país.
La resolución fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien las consideró partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales, una figura prevista en el Código Penal para casos en los que se ponen en riesgo la salud y la vida de la población a través de productos farmacéuticos alterados o mal controlados.
La investigación se centra en las actividades de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados como responsables de la producción y distribución de lotes de fentanilo presuntamente contaminados. Ese opioide sintético, utilizado habitualmente en ámbitos hospitalarios como analgésico de alta potencia y anestésico, quedó bajo la lupa tras registrarse un número inusual de fallecimientos vinculados a su consumo.
El rol de los organismos de control y el avance de la causa
De acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado entendió que las ex funcionarias, en sus roles al frente de la ANMAT y el INAME, habrían incumplido sus deberes de control y supervisión sobre los procesos de elaboración, autorización y comercialización de los medicamentos involucrados. Esa presunta omisión habría facilitado que los productos adulterados llegaran al circuito sanitario y, posteriormente, a los pacientes.
El expediente analiza las distintas etapas de la cadena de producción, desde la aprobación de los lotes y los certificados de calidad hasta la fiscalización de los laboratorios que participaron en la elaboración del fentanilo cuestionado. En ese marco se evalúan posibles fallas en los procedimientos internos y eventuales responsabilidades penales de los funcionarios que debían garantizar la seguridad de los medicamentos.
- Los procesamientos alcanzan a las máximas ex autoridades de los organismos de control.
- La causa investiga las muertes atribuidas al consumo de fentanilo contaminado.
- Se analizan los mecanismos de fiscalización sobre los laboratorios privados involucrados.
La causa por el fentanilo contaminado reabrió el debate sobre la eficacia de los controles estatales sobre medicamentos de uso crítico y la responsabilidad de funcionarios y empresas en la cadena sanitaria.
Con los procesamientos dictados, la investigación se encamina ahora a nuevas medidas de prueba y a la eventual elevación a juicio oral. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en agenda la discusión sobre la trazabilidad de los insumos médicos, la capacidad de fiscalización del Estado y la necesidad de reforzar los controles para evitar que tragedias de esta magnitud se repitan.
