Indagan a ex policías por un caso emblemático de violencia institucional
NewsITe
Siete policías federales retirados fueron citados a declaración indagatoria por la Justicia porteña, acusados de haber intervenido en la detención y posterior muerte del ciudadano uruguayo afrodescendiente José Delfín Acosta Martínez, ocurrida el 5 de abril de 1996 en la entonces Comisaría 5ª de la Policía Federal Argentina, en el barrio de Balvanera.
La medida fue dispuesta por el juez Fernando Caunedo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 10, y alcanza al comisario inspector Horacio Raúl Bussetti (74), el comisario Claudio Oscar Cervera (62), el inspector Pedro Fabián Aguilar (59), el sargento primero Omar Justo Ojeda (64), el sargento Humberto Mario Echegaray (73), el cabo primero retirado Marcelino Hugo Lezcano (67) y el subcomisario Alfredo Daniel González (63). Las indagatorias se llevarán a cabo durante octubre.
El avance del expediente se produce casi tres décadas después de los hechos, en un contexto en el que la familia de Acosta Martínez sostiene desde entonces que se trató de un caso de violencia institucional y discriminación racial. En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado argentino por la violación de los derechos humanos de la víctima, su madre y su hermano, y ordenó al país reimpulsar la investigación para identificar y sancionar a los responsables.
La detención en un boliche y el traslado a la comisaría
El 5 de abril de 1996, personal de la Comisaría 5ª fue enviado al boliche “Maluco Beleza”, ubicado en Sarmiento al 1700, en el barrio de San Nicolás, ante una supuesta situación de conflicto en la que una de las personas involucradas estaría armada. Hasta allí llegaron dos móviles, en los que se encontraban varios de los efectivos ahora imputados.
En el lugar fueron detenidos Acosta Martínez, de 32 años, y dos hermanos brasileños de 20 y 26 años. De acuerdo con el dictamen fiscal, el operativo “habría resultado irregular”, dado que los tres fueron privados ilegítimamente de su libertad, en abuso de las facultades policiales y en un contexto de discriminación racial.
Los detenidos fueron trasladados a la seccional ubicada en Lavalle 1958. Según reconstruyó la Justicia, cerca de las 8.20 de la mañana Acosta fue alojado en el recinto de guardia interna, mientras que los otros dos jóvenes fueron encerrados en una celda.
Versiones policiales y cuestionamientos médicos
En su momento, los policías y un testigo afirmaron que Acosta estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, y que se mostró agresivo con el personal. La versión oficial indicó que comenzó a insultar, arrojó al suelo sus pertenencias y se desnudó, lo que habría motivado que dos efectivos lo redujeran y le colocaran esposas.
De acuerdo con esos relatos, el detenido se habría arrojado al piso de cabeza y luego golpeado voluntariamente su cabeza contra el suelo, mientras profería amenazas y exigía la presencia de una ambulancia. Los policías dijeron que llamaron al SAME de manera preventiva y que, al llegar el médico desde el Hospital Ramos Mejía, este constató convulsiones y ordenó el traslado de Acosta, quien murió en la ambulancia.
La primera autopsia, realizada en Buenos Aires, consignó como causa de muerte un “edema agudo pulmonar” y “hemorragia intrapulmonar” y sostuvo que no se detectaron lesiones traumáticas idóneas para explicar el deceso, aunque sí se registraron golpes en la región lumbar, el antebrazo derecho y la cabeza.
Una segunda autopsia, practicada en Uruguay, indicó que existió un traumatismo de cráneo sin fracturas y lesiones en la zona lumbar y en las piernas, aunque no logró precisar la causa final de la muerte por la falta del contenido craneal. Más tarde, una Junta Médica concluyó que las lesiones en la región lumbar y temporoparietal bilateral no podrían haber sido autoinfligidas ni producto de convulsiones.
Para la fiscalía, los efectivos habrían actuado “en abuso de sus facultades funcionales, mediante un acuerdo previo y una división de tareas”, lo que derivó en la privación ilegítima de la libertad de Acosta y en su posterior fallecimiento.
El dictamen también resaltó que ninguno de los policías desplegó acciones eficaces para evitar el desenlace y que los imputados habrían sostenido una versión “mendaz” y coordinada de los hechos, especialmente en lo relativo al origen de las lesiones detectadas en el cuerpo de la víctima. La nueva ronda de indagatorias buscará esclarecer responsabilidades penales en un caso que se transformó en símbolo de la lucha contra el racismo y la violencia institucional en la Argentina.
