La polémica generada en Ramallo por una multa de $2.838.750 a un motociclista sumó ahora la respuesta de la jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, quien defendió el criterio utilizado para establecer las sanciones y sostuvo que el objetivo de las multas es disuadir conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.
El caso había generado cuestionamientos luego de que un vecino difundiera su disconformidad por el monto de la sanción, que contemplaba distintas infracciones relacionadas con la documentación obligatoria, licencia de conducir, seguro, elementos de seguridad y uso del casco.
Frente a la controversia, Aroza explicó que el valor de la multa no debe compararse con el precio del vehículo involucrado, sino con la conducta sancionada. En ese sentido, planteó: “No tiene que ver con el valor del motovehículo o del vehículo. Tiene que ver con la conducta”.
La jueza remarcó además que el sistema tiene una finalidad preventiva y no recaudatoria. Explicó que las sanciones se calculan mediante unidades fijas de combustible, cuyo valor actualmente es de $2.271, y que cada infracción establece una determinada cantidad de unidades de acuerdo con su gravedad. Como ejemplo, señaló que circular sin licencia habilitante implica una sanción de 300 unidades fijas.
Uno de los conceptos centrales de su argumentación estuvo relacionado con las consecuencias que puede generar una infracción. “¿Tiene precio la vida de alguien?”, “¿tiene precio que no lleve seguro?” y “¿tiene precio que por no llevar casco se transforme en lesiones gravísimas?”, planteó.
Aroza también se mostró partidaria de profundizar los controles. Ante el planteo de un vecino que reclamó mayor rigurosidad con los motociclistas, respondió: “Comparto totalmente. Hay que tener mano dura con respecto a las infracciones de tránsito”.
La funcionaria sostuvo que buena parte de los incumplimientos se producen por una cuestión cultural y por la familiaridad propia de una comunidad pequeña. En esa línea, consideró que un mayor respeto por las normas permitiría prevenir accidentes y reducir sus consecuencias.
Además, explicó que el Juzgado de Faltas mantiene procedimientos para los vehículos secuestrados que no son retirados por sus titulares. En el caso de las motos, transcurridos 90 días, el Estado queda en condiciones de iniciar el proceso de compactación, mientras que para los automóviles el plazo es de seis meses.
En ese contexto, la jueza también reclamó avanzar con la educación vial desde los primeros años de formación y consideró que debería incorporarse como materia obligatoria.
Aroza, por otra parte, repudió las amenazas recibidas por el intendente Mauro Poletti y sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse mediante argumentos y dentro de las instituciones, nunca mediante intimidaciones o violencia.
Finalmente, defendió la independencia del Juzgado de Faltas respecto del Poder Ejecutivo municipal y afirmó que sus decisiones se toman con autonomía.
