La ex titular del INAME afronta una ampliación de indagatoria

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La ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, vuelve este lunes a los tribunales federales de La Plata para ampliar su declaración indagatoria en la causa por el fentanilo adulterado, un expediente que investiga una de las mayores tragedias sanitarias recientes, con al menos 90 fallecidos y más de 40 sobrevivientes afectados.
La audiencia estará a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata. En esta instancia, la ex funcionaria buscará responder a las acusaciones que la señalan por presuntas fallas graves en los controles estatales sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados al empresario farmacéutico Ariel García Furfaro, señalados como parte central de la trama.
La declaración de Mantecón Fumadó había sido reprogramada la semana pasada y se espera que ahora detalle cuál será su estrategia de defensa frente a la denominada “mega causa” por fentanilo adulterado. La investigación apunta no sólo a los dueños y responsables de los laboratorios involucrados, sino también al rol de los organismos de control sanitario, entre ellos el propio INAME y otras áreas del sistema regulatorio nacional.
Fuentes judiciales recordaron que en las primeras etapas de la pesquisa se constató que los laboratorios vinculados a García Furfaro registraban alertas, advertencias administrativas y antecedentes previos sobre irregularidades. Esas señales, sin embargo, habrían sido desoídas por las empresas y, al mismo tiempo, no habrían recibido la supervisión efectiva por parte de las autoridades nacionales, lo que alimenta la hipótesis de fallas sistemáticas en el sistema de control.
Funcionarias bajo la lupa y avance de la causa
En el expediente también se analiza la situación de otras funcionarias, como la ex titular de la ANMAT, Manuelita Bisio, cuya gestión aparece vinculada al esquema de supervisión de estos laboratorios. Tanto Bisio como Mantecón Fumadó fueron detenidas a comienzos de agosto y recuperaron la libertad días después, tras el pago de una fianza de 75 millones de pesos cada una. Pese a ello, continúan imputadas y sujetas a las medidas que disponga el juzgado.
La causa por fentanilo adulterado marcó un antes y un después en el debate sobre la seguridad de los medicamentos en la Argentina y reabrió discusiones sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización, trazabilidad y respuesta temprana ante alertas sanitarias. Organizaciones de pacientes, especialistas en salud pública y referentes del ámbito judicial siguen de cerca cada movimiento del expediente, por el impacto que puede tener en futuras regulaciones.
- Se investigan responsabilidades penales de empresarios farmacéuticos y ex funcionarias.
- El caso expuso debilidades en los controles estatales sobre laboratorios y medicamentos críticos.
- La definición de la situación procesal de las imputadas podría marcar el rumbo de otras causas similares.
La tragedia por el fentanilo adulterado, con decenas de víctimas fatales, volvió a poner en primer plano el rol del Estado en la regulación y el control del mercado farmacéutico.
Tras la nueva indagatoria, el juez Kreplak deberá evaluar si amplía las imputaciones, dispone nuevas medidas de prueba o define un cambio en la situación procesal de las ex funcionarias. Mientras tanto, familiares de víctimas y sobrevivientes reclaman que el caso avance con celeridad y que se establezcan responsabilidades claras para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

