Reforma electoral en Nicaragua: exclusión de opositores desnacionalizados
NewsITe
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, se encamina a aprobar en primera legislatura una reforma constitucional que busca impedir la participación electoral de opositores considerados “golpistas” o “traidores a la patria”, muchos de ellos previamente desnacionalizados por el Gobierno de Daniel Ortega.
Según anunció el titular del Parlamento, Gustavo Porras, el 21 de septiembre se realizará la primera votación del proyecto, una vez finalizadas las consultas parlamentarias previstas hasta el 1 de septiembre. El debate se desarrolla fuera de Managua, en una sesión especial en el norte del país, en un contexto de fuerte concentración de poder en manos del oficialismo.
La iniciativa surge tras declaraciones del propio Ortega, quien en julio afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” que permitan a la oposición regresar al poder. En línea con ese mensaje, la reforma plantea restringir derechos políticos a quienes el Gobierno etiqueta como responsables de intentos de desestabilización, una categoría que abarca a dirigentes opositores encarcelados, exiliados y despojados de su nacionalidad.
Alcance de la reforma y críticas internacionales
Para entrar en vigor, la reforma constitucional deberá ser aprobada en dos legislaturas consecutivas. La primera está prevista para septiembre de 2026 y la segunda deberá concretarse durante la próxima legislatura, que comenzará en enero de 2027. Hasta entonces, el oficialismo trabaja en un paquete de cambios que abarca 14 artículos de la Carta Magna.
Entre las modificaciones se incluye también una disposición para dejar sin efecto en territorio nicaragüense cualquier ley extranjera que, según el Gobierno, pretenda imponerse sobre la voluntad y la soberanía del país. Esta cláusula apunta a neutralizar sanciones o resoluciones internacionales críticas del régimen de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo.
- Se impide competir a opositores acusados de “traición a la patria”.
- Se consolidan restricciones a partidos y liderazgos disidentes.
- Se incorporan cambios que afectan 14 artículos constitucionales.
- Se busca desconocer efectos de leyes extranjeras en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que estas reformas pueden restringir la competencia política y afectar de manera grave las condiciones para la alternancia democrática en Nicaragua.
Las elecciones generales, originalmente previstas para noviembre de 2026, fueron trasladadas a noviembre de 2027 en el marco de reformas previas, en una secuencia de decisiones que, según organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, consolida un esquema de poder sin contrapesos. Mientras tanto, continúan las denuncias por persecución a opositores, exilios forzados y pérdida de nacionalidad, en un escenario de aislamiento creciente del Gobierno nicaragüense en el plano internacional.
