Más representación, mismo edificio: el dilema de las bancas
NewsITe
La discusión sobre el llamado “malapportionment” vuelve a instalarse en la agenda política argentina: cómo distribuir de manera más justa las bancas de la Cámara de Diputados de acuerdo con la población real de cada provincia, sin chocar contra los límites físicos y patrimoniales del edificio del Congreso.
Desde la reforma constitucional de 1994, la Carta Magna ordena actualizar la representación parlamentaria después de cada censo nacional. Sin embargo, esa regla convive con una ley heredada de la dictadura (Ley 22.847) que fija un piso mínimo de cinco diputados por provincia y una fórmula de uno cada 161.000 habitantes, con tres bancas extra por distrito. El resultado, como muestran diversos estudios, es un escenario de fuerte desproporción entre territorios sobrerrepresentados, como Tierra del Fuego, y otros claramente castigados, como la Provincia de Buenos Aires.
Un trabajo reciente de los investigadores Aguerre, Cruz y Magnasco (CiCaD, 2023) calcula que, si se aplicara estrictamente la normativa vigente y el mandato constitucional, la Cámara Baja debería pasar de 257 a 359 diputados. El incremento atenuaría los desequilibrios actuales, aunque no los eliminaría por completo. La cuestión de fondo es política, pero también material: ¿dónde sentar a más de cien legisladores adicionales en un recinto que ya hoy luce colmado?
El salón de sesiones de Diputados, imponente en las transmisiones televisivas, tiene en realidad dimensiones acotadas y está alojado en un edificio declarado “monumento histórico y artístico nacional”. Esa categoría impide reformas edilicias de envergadura y limita las intervenciones a tareas de restauración. Levantar nuevos pisos, ampliar galerías o sumar estructuras permanentes para ubicar más escaños, por lo tanto, está fuera de discusión.
Gasto político, resistencias y la alternativa tecnológica
El primer escollo para avanzar en una ley que aumente las bancas es el rechazo social y discursivo a todo lo que se asocie con “más gasto político”. Especialistas advierten, no obstante, que la democracia es un sistema costoso por definición y que garantizar una representación acorde con el peso demográfico de cada distrito es parte del corazón institucional del régimen republicano. Detrás del argumento del gasto, señalan, suele esconderse la comodidad de las provincias sobrerrepresentadas, reacias a perder influencia relativa.
El segundo obstáculo es justamente ese: varias jurisdicciones que hoy gozan de un plus de bancas tendrían que ceder lugar en el nuevo esquema. Pese a ello, distintos legisladores de espacios políticos diversos vienen presentando proyectos para adecuar la Cámara al crecimiento poblacional registrado en los últimos censos, en cumplimiento de lo que marca la Constitución.
La experiencia de la pandemia ofrece una pista sobre cómo sortear el límite físico del recinto. En 2020 y parte de 2021, bajo el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), el Congreso recurrió a sesiones remotas y mixtas: las bancas se complementaron con pantallas móviles que replicaban a los diputados y senadores conectados desde sus provincias. Ese esquema, montado con equipamiento tecnológico y software específico, permitió sostener la actividad legislativa sin alterar el edificio histórico.
Hacia un Congreso mixto: presencias físicas y virtuales
Con el paso del ASPO al “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” (DISPO), ambas cámaras volvieron progresivamente a la presencialidad tradicional. Sin embargo, al igual que en el sector privado con el trabajo remoto, muchas legislaturas subnacionales conservaron la opción de la participación virtual en casos excepcionales. El Senado bonaerense, por ejemplo, habilita que sus miembros intervengan y voten de manera remota por “causas extraordinarias”, mientras que la Cámara de Diputados provincial lo admite para reuniones de comisión.
Trasladar ese modelo híbrido al Congreso Nacional aparece hoy como una alternativa concreta para compatibilizar más diputados con un recinto que no se puede agrandar. Un sistema de rotaciones —con parte del cuerpo presente en el hemiciclo y otra parte conectada telemáticamente— permitiría incorporar las bancas adicionales sin obras edilicias y con una inversión acotada en infraestructura digital.
El reciente debate en el Senado sobre extranjerización de tierras reabrió esta ventana: problemas de salud impidieron a una senadora de Mendoza y a un senador de Catamarca viajar a la Ciudad de Buenos Aires, lo que volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de formalizar el “home office” legislativo. El tema ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y podría ser el punto de partida para una reforma reglamentaria más amplia que incluya también a Diputados.
Actualizar la representación parlamentaria no solo exige una decisión política: también demanda animarse a un Congreso que combine bancas físicas y virtuales, apoyado en tecnologías que ya demostraron ser viables.
En síntesis, reducir el malapportionment y cumplir con el mandato constitucional de ajustar las bancas al censo parece técnicamente posible y financieramente razonable. El interrogante ya no pasa tanto por el espacio disponible, sino por la voluntad de aceptar que la representación del siglo XXI puede funcionar con nuevas reglas, sin renunciar a la tradición, pero aprovechando al máximo las herramientas digitales.
