La disputa por la competencia judicial entra en una fase clave
NewsITe
La causa por la mansión de Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares y vinculada a una presunta maniobra de lavado de activos con posibles derivaciones en el mundo del fútbol argentino, se encamina a una definición clave sobre quién debe investigarla. La discusión por la competencia judicial podría terminar en la Corte Suprema y, mientras tanto, condiciona el ritmo de la pesquisa.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, presentará este lunes un recurso extraordinario federal para intentar revertir el envío del expediente a la Justicia Federal de Campana. Considera que esa decisión fue “arbitraria” y que, de confirmarse, dejaría la investigación en manos del juez Adrián González Charvay, a quien las defensas señalan como el magistrado más conveniente para sus intereses.
El expediente se abrió para seguir el rastro del dinero utilizado para adquirir una lujosa propiedad en el barrio privado Pilar del Este. Con el avance de la causa, los investigadores detectaron un entramado que incluye sociedades comerciales, financieras porteñas, estudios jurídicos y operaciones que, según la hipótesis fiscal, podrían rozar contratos y movimientos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Aunque no hay dirigentes imputados, los movimientos financieros bajo la lupa impulsan a profundizar esa línea de investigación.
Para Villar, el criterio aplicado para enviar la causa a Campana fue incorrecto. Sostiene que la resolución priorizó la competencia material —al entender que el lavado de activos es un delito federal— pero desatendió la competencia territorial. Bajo su planteo, si se reconoce el carácter federal del delito, el caso debería volver al juzgado de Daniel Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py, que ya había intervenido en etapas previas del expediente.
El eje de la disputa: dónde se originó el dinero
Las defensas de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros y titulares de la firma Real Central SRL, celebraron el pase a Campana. Argumentan que el juez natural es el del fuero federal de esa jurisdicción, por ser allí donde se encuentra la mansión investigada. Villar, en cambio, insiste en que el foco debe estar en el origen de los fondos que permitieron la compra y no en la ubicación física del inmueble.
En sus presentaciones, el fiscal detalló una serie de movimientos que, a su entender, forman parte del circuito de blanqueo: operaciones en financieras de la avenida Corrientes, la intervención de un estudio jurídico en la calle Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon, movimientos de la empresa Recomi SA y la entrega de efectivo en un domicilio ubicado en la intersección de Montevideo y Quintana. También subrayó que la escritura de compraventa se firmó en un domicilio porteño y que la sede de Real Central SRL —y de su antecesora, Central Park Drinks SRL— está radicada en la Ciudad de Buenos Aires.
El nuevo recurso de Villar también apunta contra lo que considera una contradicción de la Cámara de Casación. En mayo, ese tribunal entendió que no correspondía apartar a la jueza en lo Penal Económico María Eugenia Straccia y advirtió que abrir una contienda de competencia afectaba la celeridad del proceso. Sin embargo, más tarde el expediente terminó derivado a Campana, lo que para el fiscal constituye un giro injustificado.
La postura de Casación y el posible camino hacia la Corte
Uno de los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, rechazó que se trate de un cambio de criterio. Explicó que en su primera intervención no habilitó la discusión porque la entendía como una cuestión de trámite sin entidad federal. En la segunda oportunidad, en cambio, se planteó un debate de fondo sobre el alcance del “juez natural” y la naturaleza del delito investigado.
- Borinsky sostuvo que, cuando solo se analiza el posible lavado de dinero, el caso debe tramitar en la Justicia Federal.
- La Sala de Casación resolvió por unanimidad que la causa debía pasar a un juzgado federal, lo que habilitó la derivación a Campana.
- El expediente no volvió a manos de Rafecas porque, según el propio Borinsky, los conflictos de competencia se resuelven entre dos opciones concretas y el magistrado de Comodoro Py nunca reclamó la causa.
“El delito de lavado de dinero, cuando solo se investiga ese posible delito, es federal”, sostuvo el juez Mariano Borinsky al fundamentar la decisión de Casación.
El recurso extraordinario de Villar deberá ser analizado primero por la misma Cámara de Casación. Si es admitido, la causa quedará virtualmente paralizada hasta que se defina la competencia. En caso de rechazo, el fiscal podrá presentar una queja directa ante la Corte Suprema, que decidirá si toma el caso. No hay plazos perentorios para esa definición, por lo que el futuro de la investigación por la mansión de Pilar dependerá, en buena medida, del rumbo que marque el máximo tribunal del país.
Agencia NA.
