Cambios en los cobros para préstamos y tarjetas ante alta morosidad
NewsITe
Ante un nivel de morosidad que se mantiene en valores históricos y afecta a cerca de 6 millones de personas, el Gobierno nacional avanza con nuevas herramientas para mejorar la cobrabilidad de las cuotas de préstamos personales y financiaciones con tarjeta de crédito otorgadas por bancos y fintech.
De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en junio la mora de los préstamos familiares mostró una leve mejora: la tasa de morosidad en créditos personales y saldos de tarjeta se ubicó en 12,8%, apenas 0,1 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del mes previo. En tanto, el índice de irregularidad del crédito del sistema financiero se redujo a 7,6%. Pese a este freno, el stock de deudores en problemas sigue siendo elevado y obliga a revisar los mecanismos de cobranza.
Según fuentes oficiales, el objetivo del Ejecutivo es profundizar la tendencia descendente de la mora y, al mismo tiempo, dar mayor previsibilidad a entidades financieras y usuarios. Para eso, se definieron dos grandes instrumentos regulatorios que impactarán tanto sobre la banca tradicional como sobre los proveedores de crédito no bancarios.
Cobros por Transferencia: débitos directos en cuentas y billeteras
A partir del lunes 31 de agosto comenzará a regir la herramienta denominada “Cobros por Transferencia”, que habilita a los bancos y a las fintech a debitar, de manera automática, las cuotas impagas de un préstamo desde la cuenta bancaria o la billetera virtual del deudor.
Para que el sistema se active, el tomador del crédito deberá brindar una autorización expresa a la entidad acreedora. Ese consentimiento será revocable en cualquier momento y de forma inmediata, lo que busca mantener un cierto grado de control por parte del cliente sobre sus finanzas personales.
El esquema incorpora además límites para evitar el sobreendeudamiento: las cuotas deberán ser fijas, de igual monto durante todo el período, y no podrán superar el 30% de los ingresos del titular. Si el préstamo se acreditó en una cuenta abierta en otro banco, la entidad que otorgó el crédito podrá debitar directamente las cuotas pendientes desde esa cuenta de destino en caso de atraso.
La normativa obliga a las entidades a avisar al usuario con al menos un día de anticipación antes de realizar el débito. Solo se permitirá un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos adicionales, a las 48 y 96 horas, para impedir prácticas consideradas abusivas.
Críticas del sector financiero y límites del nuevo esquema
Las modificaciones no están exentas de cuestionamientos. Distintas entidades financieras manifestaron reparos y señalan problemas de diseño en la operatoria. Entre las principales objeciones se destaca que el cobro solo puede efectuarse sobre la cuenta donde se depositó originalmente el préstamo, lo que desincentiva a los bancos a transferir fondos a cuentas de la competencia y reduce la flexibilidad del sistema.
Otro punto observado es que no se podrán computar intereses adicionales sobre las cuotas ante retrasos, lo que, según el sector, podría encarecer el crédito para compensar ese riesgo o generar una menor oferta de financiamiento para segmentos más vulnerables.
Código de descuento sobre el salario: la otra herramienta
En paralelo, el Gobierno impulsa la ampliación del mecanismo de código de descuento sobre el recibo de sueldo, que habilita a los bancos a descontar en forma directa, desde el salario del trabajador, las cuotas de sus préstamos. La medida fue incluida en el artículo 36 de la reforma laboral y su aplicación efectiva dependerá de la reglamentación que dicte el BCRA.
El uso de este instrumento es habitual en algunos sectores, pero su estandarización a nivel general podría modificar la estructura del mercado de crédito de consumo, al ofrecer a los bancos una garantía de cobro más sólida y, potencialmente, mejorar el acceso a financiamiento formal para trabajadores registrados.
- Mayor previsibilidad para las entidades, que contarán con mejores herramientas de cobranza.
- Topes a la afectación del salario, con cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos.
- Obligación de informar al cliente y posibilidad de revocar autorizaciones de débito.
“Buscamos reducir la morosidad sin agravar el sobreendeudamiento de las familias y reforzando la transparencia en la relación entre bancos, fintech y usuarios”, señalan en el entorno oficial.
Con estos cambios, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de bajar la mora del sistema financiero y, al mismo tiempo, evitar un mayor deterioro en la capacidad de pago de los hogares, en un contexto económico todavía frágil y con alto nivel de endeudamiento en el sector privado.
