La Ciudad asumirá los juicios individuales de trabajo
NewsITe
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este miércoles el convenio que dispone el traspaso de la Justicia laboral individual desde la órbita nacional hacia el fuero porteño, un cambio estructural en el mapa judicial que impactará en miles de causas por despidos, accidentes de trabajo e indemnizaciones.
El acuerdo, que ya había sido negociado entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo de la Ciudad, obtuvo 36 votos afirmativos, 2 en contra y 20 abstenciones, según consignaron fuentes parlamentarias. Acompañaron la iniciativa legisladores de Pro, La Libertad Avanza, el radicalismo y bloques aliados, mientras que el peronismo decidió en su mayoría abstenerse, marcando sus reparos pero sin bloquear el avance del proyecto.
El convenio establece que los juicios individuales de trabajo –es decir, las demandas de empleados contra empleadores por despidos, diferencias salariales, accidentes laborales o reclamos indemnizatorios– pasarán a tramitarse en juzgados porteños. En cambio, las causas vinculadas a conflictos colectivos, reclamos sindicales o negociaciones paritarias seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo, que conservará su competencia en esos temas.
Uno de los principales argumentos esgrimidos para respaldar la reforma es la posibilidad de acelerar los tiempos de resolución. Desde el ámbito judicial señalan que los expedientes laborales suelen demorar entre 3 y 5 años en llegar a una sentencia firme, lo que genera incertidumbre tanto para trabajadores como para empresas. Con el traspaso y la reorganización del sistema, se proyecta que muchos casos podrían resolverse en el plazo de un año o incluso menos.
Cómo será la implementación del nuevo esquema judicial
El texto aprobado prevé que, una vez que el traspaso esté plenamente operativo, solo las causas laborales nuevas ingresarán a los juzgados de la Ciudad. Los expedientes que ya se encuentren en trámite en la Justicia Nacional continuarán allí hasta que se dicte una sentencia definitiva, evitando así conflictos de competencia y cambios de juzgado en pleno proceso.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires será la instancia de revisión para las causas que traten sobre derecho local y derecho común, consolidando su rol como máxima autoridad judicial porteña. A su vez, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad fue designado como el organismo responsable de garantizar la infraestructura, el personal y los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo fuero laboral local.
Plazos, fondos y próximos pasos
Para que el cambio se ponga efectivamente en marcha, aún resta un paso clave: la firma de un segundo acuerdo entre la Nación y la Ciudad, que definirá el traspaso de los fondos presupuestarios indispensables para sostener el servicio de Justicia. Sin ese respaldo económico, advierten en los pasillos judiciales, el traspaso quedaría incompleto.
Una vez rubricado ese entendimiento complementario, comenzará a correr un plazo de 180 días. En ese lapso deberán designarse nuevos jueces y funcionarios, adecuar edificios y salas de audiencia, reforzar sistemas informáticos y capacitar al personal para operar bajo el nuevo esquema jurisdiccional.
- La Ciudad asumirá los juicios individuales laborales de trabajadores contra empleadores.
- Los conflictos sindicales y colectivos seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo.
- Se estima que los tiempos de resolución de causas podrían reducirse drásticamente.
- El Tribunal Superior porteño será la instancia de revisión en materia local y común.
“El objetivo de este traspaso es acercar la Justicia al vecino y reducir los plazos de los juicios laborales, brindando mayor previsibilidad a trabajadores y empleadores”, destacan en la administración porteña.
Con la aprobación legislativa, la Ciudad de Buenos Aires avanza un paso más en el proceso de ampliación de sus competencias judiciales. El debate sobre el impacto real del traspaso en términos de acceso a la Justicia y protección de derechos laborales continuará abierto en los próximos meses, mientras se define la letra chica del acuerdo financiero y se pone a prueba el nuevo esquema en los tribunales porteños.
