SIDCA se presenta como querellante y pide ampliar la investigación
NewsITe
El escándalo por las presuntas irregularidades en títulos emitidos por el Instituto de Estudios Superiores (IES) “Clara J. Armstrong” sumó un nuevo capítulo en Catamarca. El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) formalizó el 26 de agosto su pedido para constituirse como querellante en la causa penal y reclamó que la auditoría no se limite a ese establecimiento, sino que se extienda a los 17 institutos de educación superior de la provincia.
La presentación, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, incrementa la presión política sobre la gestión del gobernador Raúl Jalil. El propio Ministerio de Educación y Trabajo había reconocido ya la existencia de 35 títulos con inconsistencias detectadas en carreras de formación docente correspondientes a los ciclos 2024 y 2025, lo que derivó en la intervención de la conducción del IES Clara J. Armstrong.
El escrito de SIDCA fue patrocinado por el abogado Fernando Santillán Bustos e invoca artículos del Código Procesal Penal provincial para que el gremio pueda participar activamente de la investigación. La organización sindical exige acceso al expediente, copias digitales de las actuaciones y medidas específicas sobre las juntas de clasificación, con el fin de determinar si los títulos bajo sospecha influyeron en puntajes, grillas y órdenes de mérito utilizados para la cobertura de cargos docentes.
Alcance de la denuncia y advertencia sobre un posible problema sistémico
De acuerdo con la presentación gremial, la denuncia alcanzaría a 39 personas. SIDCA sostiene que podrían existir fallas estructurales y que, por eso, resulta imprescindible revisar el funcionamiento de todos los institutos de educación superior de la provincia, para evitar que un eventual problema sistémico quede reducido al IES Clara J. Armstrong.
La documentación aportada incluye una foja útil, 46 fojas selladas y anexos referidos al poder otorgado al sindicato para intervenir en la causa. El gremio pide que su participación abarque la denuncia original, sus ampliaciones y a las personas que eventualmente sean sindicadas o imputadas en el marco de la investigación penal. La Justicia aún debe resolver si admite al sindicato como querellante, por lo que el planteo no implica una definición sobre responsabilidades ni sobre el fondo del expediente.
Respuesta oficial, anomalías detectadas y posibles consecuencias
La reacción oficial se inició antes del pedido del gremio. El 11 de agosto, el Ministerio de Educación y Trabajo informó públicamente que había detectado 35 títulos con inconsistencias, entre ellas documentos presuntamente apócrifos, registros duplicados y discordancias en los libros de exámenes. La cartera ya había presentado una denuncia penal el 24 de abril, que luego amplió con nueva evidencia.
- Denuncia penal presentada y luego ampliada por el Ministerio de Educación y Trabajo.
- Intervención y designación de un equipo normalizador en el IES Clara J. Armstrong.
- Identificación de 35 títulos con irregularidades preliminares.
- Reclamo gremial para revisar el impacto en juntas de clasificación y órdenes de mérito.
La ministra Verónica Soria designó un equipo normalizador en el instituto con el objetivo de reorganizar su conducción, preservar la documentación y acompañar tanto la investigación administrativa como la causa penal. Según la funcionaria, el área legal del ministerio puso toda la información a disposición de la Justicia.
Desde el entorno oficial subrayan que no hay elementos que permitan afirmar un encubrimiento por parte del gobernador Jalil o de la ministra Soria, y que la discusión política se centra en cómo se emitieron o registraron documentos inconsistentes dentro de un sistema que debía ser supervisado por el Estado provincial.
El eventual impacto trasciende a las personas que portan los títulos cuestionados. Si alguno se utilizó para sumar puntaje o mejorar la posición en un listado de mérito, podría haber desplazado a docentes con antecedentes válidos. Por eso, uno de los puntos clave del reclamo de SIDCA es reconstruir de qué manera influyeron esos documentos en las Juntas de Clasificación.
Hasta que concluya la revisión administrativa y judicial, no puede afirmarse que todos los títulos observados hayan derivado en nombramientos ni que las 39 personas mencionadas hayan cometido delitos. La causa avanza, así, en tres planos paralelos: la investigación penal, la normalización administrativa del instituto y la presión sindical para auditar el sistema completo de educación superior en Catamarca.
