La Fiscalía de Estado exige explicaciones por el paso del VS Promise
NewsITe
La presencia del buque petrolero VS Promise, de bandera británica y registrado en la Isla de Man, abrió un frente institucional y político de alto voltaje en Tierra del Fuego. La Fiscalía de Estado intimó al gobernador Gustavo Melella a presentar, en un plazo de 15 días hábiles, un informe completo y documentado sobre todas las autorizaciones, inspecciones y controles vinculados con las operaciones del buque en Río Cullen y en el puerto de Ushuaia.
La intimación se formalizó mediante la Nota F.E. 251/26, ingresada a la Gobernación el 26 de agosto a las 13.01, en el marco del expediente F.E. 48/26. El pedido fue firmado por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, a partir de una denuncia por la presencia del tanquero en aguas fueguinas, en un contexto de fuerte sensibilidad política por la relación con el Reino Unido y los intereses en el Atlántico Sur.
Lejos de tratarse de una imputación penal, la medida se encuadra en una actuación administrativa de control de legalidad. La Fiscalía reclamó la remisión de expedientes físicos y digitales, resoluciones, actas, correos electrónicos y toda comunicación oficial que permita reconstruir el paso a paso de las operaciones del VS Promise. El foco está puesto en determinar cómo actuaron las distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial y si se cumplieron los marcos normativos vigentes.
Qué información deberá entregar la Gobernación
El requerimiento de Martínez de Sucre se organiza en cinco grandes ejes. En primer lugar, exige los registros históricos y actuales de amarre, despacho, practicaje y operaciones del buque tanto en el puerto de Ushuaia como en la monoboya Hidra de Río Cullen. También se pidieron las consultas previas realizadas por agencias marítimas, por la petrolera TotalEnergies y por organismos nacionales, así como cualquier aval, autorización o “no objeción” emitida desde la Provincia, incluso si fue verbal, tácita o enviada por medios digitales.
La Fiscalía además solicita que se identifique a todos los funcionarios que intervinieron en las maniobras y que se adjunten las actas de inspección, manifiestos de carga y protocolos de cruce de información con Prefectura Naval. El objetivo es contar con un mapa completo de responsabilidades administrativas y operativas, tanto en la escala realizada en Ushuaia el 24 de agosto como en la carga de crudo efectuada en Río Cullen días antes.
Choque político entre la Provincia y la Nación
El caso del VS Promise derivó en un fuerte cruce político entre el gobierno fueguino y la Casa Rosada. Melella repudió públicamente el amarre del buque en el puerto de Ushuaia y señaló a la administración nacional, que mantiene intervenida esa terminal desde enero, como responsable de la operatoria. Desde el Gobierno nacional respondieron que la Provincia conocía y había avalado las operaciones previas en Río Cullen, donde se cargó petróleo de jurisdicción provincial.
El Ejecutivo fueguino negó haber tenido acceso a la bandera o a la documentación marítima del buque, aunque admitió que inspectores provinciales verificaron el volumen de crudo cargado. Esa diferencia de versiones, sumada a la controversia sobre quién autorizó cada tramo de la operatoria, alimentó la decisión de la Fiscalía de abrir un expediente y avanzar con un pedido formal de documentación.
El rol de Río Cullen y la Ley Gaucho Rivero
Las operaciones del VS Promise se dividieron entre dos ámbitos de competencia. La escala en Ushuaia se realizó en un puerto bajo administración nacional, mientras que la carga de petróleo en Río Cullen involucró recursos hidrocarburíferos propios de Tierra del Fuego y el poder de policía provincial. Por eso, el fiscal de Estado no acotó su investigación al muelle capitalino y pidió reconstruir toda la secuencia, desde las primeras comunicaciones hasta la certificación y facturación del servicio.
Una nota interna de la Dirección Provincial de Puertos, fechada el 20 de agosto, consignó que el buque ingresó a Río Cullen el 12 y zarpó el 13, con 22.464,570 toneladas métricas de crudo cargadas. El documento ordenó facturar dos días de uso del espejo de agua y el servicio de carga a la agencia marítima interviniente. Trabajadores portuarios señalaron luego que la documentación llegó a la Provincia el 19, cuando las maniobras ya habían concluido, y que fue Prefectura Naval la que autorizó tanto la entrada como la salida del buque.
- Ingreso a Río Cullen: 12 de agosto; partida: 13 de agosto.
- Carga declarada: 22.464,570 toneladas métricas de crudo.
- Facturación: dos días de uso del espejo de agua y servicios asociados.
La discusión también reavivó el debate sobre la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que regula la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de buques vinculados con intereses británicos en el Atlántico Sur. La apertura del expediente, aclara la Fiscalía, no implica que la norma haya sido violada, pero sí obliga a que el servicio jurídico de la Gobernación explicite qué criterio aplicó y qué controles utilizó ante la presencia del VS Promise.
La intimación no configura, por sí misma, una acusación penal, pero marca el inicio de un exhaustivo control institucional sobre cómo actuó el gobierno fueguino frente a un buque de bandera británica en una zona estratégica para la Argentina.
En los próximos días, la respuesta que brinde la administración de Melella será clave para determinar si hubo omisiones, errores administrativos o si todas las operaciones se ajustaron a derecho. Mientras tanto, el caso del VS Promise se consolida como un nuevo capítulo en la tensión política y diplomática alrededor de la presencia británica en el Atlántico Sur.
