La defensa del exministro reclamó el cierre del proceso
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La defensa de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, solicitó ante la Justicia la prescripción de la causa Sueños Compartidos y, en consecuencia, su sobreseimiento. El planteo fue realizado ante el Tribunal Oral Federal N°5, que tiene a cargo el tramo principal del expediente por presunta administración fraudulenta de fondos públicos.
En la audiencia de alegatos de este miércoles, los abogados del exfuncionario rechazaron la acusación formulada por la fiscalía, que pidió una condena de seis años de prisión. Según la defensa, no se logró demostrar la responsabilidad penal de De Vido en las maniobras investigadas en torno al programa de construcción de viviendas sociales que llevaba adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo bajo el nombre Sueños Compartidos.
Los letrados plantearon en primer término que la acción penal se encuentra prescripta. Argumentaron que el último acto interruptivo de la prescripción ocurrió el 8 de julio de 2020 y que, de acuerdo con los plazos previstos en el Código Penal, el caso ya debería considerarse extinguido. Por ello solicitaron el sobreseimiento de su defendido. De manera subsidiaria, pidieron que se anule la acusación y, como última alternativa, la absolución.
Para la defensa, tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF) como la Unidad de Información Financiera (UIF) no pudieron acreditar que De Vido haya tenido injerencia directa en el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas. Señalaron que ningún testigo lo mencionó como partícipe de los hechos y cuestionaron con dureza al perito Pedro Guzmán, a quien acusaron de haber “adulterado” documentación clave para sostener la hipótesis acusatoria.
El rol de De Vido y el alcance de la investigación
Los abogados insistieron en que la imputación se basó principalmente en la relación política del exministro con las Madres de Plaza de Mayo, titular de la fundación que gestionó el programa. En ese marco, afirmaron que no existía un “vínculo particular” con la entidad y que el contacto se limitaba a actos protocolares y actividades oficiales propias de su cargo en el Poder Ejecutivo.
También negaron que De Vido haya direccionado obras hacia la Fundación Madres de Plaza de Mayo o influido en el proceso de adjudicación. Sostuvieron que esas decisiones correspondían a otras áreas del Estado y que no formaban parte de sus competencias formales dentro del Ministerio de Planificación Federal.
- La causa analiza el destino de $206.438.454,05 de fondos públicos.
- Los hechos investigados abarcan el período comprendido entre 2005 y 2011.
- El dinero provenía de la Secretaría de Obras Públicas y estaba destinado a viviendas sociales.
El expediente judicial investiga el presunto armado de una estructura delictiva que habría desviado más de 206 millones de pesos de fondos asignados al programa Sueños Compartidos, orientado a la construcción de viviendas sociales en distintos puntos del país y ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La defensa remarcó que “no hubo intervención directa” de De Vido en la adjudicación de las obras y que “la acusación se sostiene solo en su posición política y no en pruebas concretas”.
Tras los alegatos de la defensa, el Tribunal Oral Federal N°5 deberá resolver sobre el planteo de prescripción y, en caso de rechazarlo, continuar con el proceso hasta el dictado de la sentencia. La definición será clave en una de las causas emblemáticas sobre el manejo de fondos públicos durante los gobiernos kirchneristas.
