El juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de 15 días hábiles judiciales al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que presente la justificación de sus bienes. La fiscalía señaló una diferencia de $43 millones entre ingresos y gastos y US$402.578,12 cuyo origen no está corroborado.
El juez federal Ariel Lijo le concedió 15 días más al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para presentar el escrito con la justificación de su patrimonio que reclamó el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo original vencía este miércoles.
La defensa de Adorni, a cargo de Matías Ledesma, solicitó más tiempo porque no había podido revisar documentación y archivos que Pollicita mencionó en el requerimiento de justificación de bienes. La nueva prórroga se contabilizará en días hábiles judiciales.
La fiscalía sostiene que Adorni registra $43.068.549 de gastos por encima de sus ingresos durante el período investigado. Además, señaló que existen US$402.578,12 cuyo origen no está corroborado.
Qué deberá justificar Adorni ante la Justicia
Pollicita intimó el 10 de agosto a Adorni para que explicara su crecimiento patrimonial.
“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, señala un pasaje del requerimiento de Pollicita.
El fiscal indicó que existió un “incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que Adorni asumió como funcionario público, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.
El requerimiento tiene 207 carillas y no se difundió públicamente porque contiene datos bancarios y patrimoniales reservados. La fiscalía elevó el documento directamente al juez Lijo.
El escrito se apoya en un informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario elaborado por un organismo especializado del Ministerio Público.
Los 20 puntos sobre el patrimonio de Adorni
Pollicita enumeró 20 puntos que Adorni deberá aclarar. Entre ellos aparecen el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero.
Según informaron fuentes oficiales, la fiscalía detalló que Adorni cobró 35 sueldos durante el período investigado. A esos montos se suman los ingresos comprobados de su cónyuge.
En total, los ingresos alcanzaron los $229.752.283,20. Durante el mismo período, el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20.
La fiscalía incluyó entre esos desembolsos los consumos con tarjetas de crédito, seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes. La diferencia entre los ingresos y los gastos alcanza así los $43.068.549.
La fiscalía también apunta a más de US$400.000
Pollicita también señaló que existen US$402.578,12 cuyo origen no está corroborado. Según el fiscal, esos fondos fueron destinados a la compra y refacción integral de la casa del country Indio Cuá, al departamento de Miró al 500 y a los muebles encargados para esos inmuebles.
El fiscal sostuvo que deberán explicarse “fuentes de financiamiento” tales como “los mutuos atribuidos a dos familiares, cuya concertación, efectiva entrega y evolución no han sido documentadas”.
También incluyó entre los puntos que deberán justificarse los “ingresos exentos, herencias y donaciones a los que se atribuye capacidad explicativa respecto de una parte del incremento patrimonial”.
Pollicita reclamó además que Adorni explique las compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados del Gobierno que trabajaban bajo sus órdenes.
El fiscal también pidió que el exfuncionario justifique “la operatoria con criptoactivos”, que no había incluido en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
Adorni deberá presentar ahora su justificación dentro del nuevo plazo otorgado por Lijo.
Si los investigadores consideran insuficientes las explicaciones, el exfuncionario será citado a indagatoria. El fiscal puede solicitar esa medida, aunque la decisión de convocarlo a declarar como acusado corresponde al juez.
