Ataque a Nadia Beller: declaran los acusados en Bolivia

Declaran los detenidos por el atentado a la abogada argentina

Sede judicial en Bolivia donde se investiga el ataque a la abogada Nadia Beller

NewsITe

La causa por el ataque a balazos contra la abogada argentina Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, suma este lunes un capítulo clave: la declaración ante la Justicia de los dos hombres detenidos como presuntos responsables directos de la agresión ocurrida a comienzos de agosto.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público Fiscal de Bolivia tiene previsto solicitar la prisión preventiva para Víctor Hugo C. Z., ciudadano colombiano sindicado como posible autor material de los disparos, y para Róger A. C., señalado como la persona que habría provisto el arma utilizada en el atentado. Ambos están bajo investigación en el marco de una causa que conmocionó tanto a Bolivia como a la Argentina.

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De acuerdo con la pesquisa encabezada por la fiscal Yolanda Aguilera, el imputado colombiano se presentó de manera voluntaria ante la policía con el objetivo de desligarse del hecho. Sin embargo, la acusación en su contra se sostiene mientras avanzan las pericias y declaraciones testimoniales. La víctima, por su parte, apunta como supuesto autor intelectual a su expareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

La situación procesal de Róger A. C. se habría complicado en los últimos días a partir de peritajes telefónicos y análisis de geolocalización que, según fuentes de la investigación, permitieron trazar su recorrido previo a la agresión contra Beller. Esas pruebas serán puestas a consideración del tribunal durante la audiencia.

El rol de Cerimedo y la figura de tentativa de feminicidio

En la misma causa, Cerimedo continúa cumpliendo una medida de 180 días de prisión preventiva en el penal de Palmasola, uno de los complejos carcelarios más grandes de Bolivia. Está imputado por el delito de tentativa de feminicidio, una figura que en la legislación boliviana contempla penas severas cuando se comprueba la intención de matar a una mujer por razones de género o en el marco de una relación de pareja o expareja.

Mientras tanto, el tribunal debe definir la situación procesal del resto de los imputados y evaluar si la investigación se amplía a otras posibles responsabilidades. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas en la región siguen con atención el expediente, atento a que podría convertirse en un caso testigo sobre la persecución judicial de los intentos de femicidio en contexto transnacional.

Denuncia de “crimen de Estado” y nuevas sospechas de hostigamiento

Recién dada de alta de la Clínica Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, donde fue operada por tres impactos de bala, Beller volvió a pronunciarse públicamente este domingo. A través de sus redes sociales, reafirmó que el ataque que sufrió constituye, a su entender, “un crimen de Estado” y responsabilizó al gobierno boliviano, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, por no haberle brindado la protección necesaria.

La abogada denunció, además, un episodio que disparó nuevas alarmas de seguridad: según su relato, una persona vestida de civil intentó ingresar a la habitación del sanatorio en el que se recuperaba, aduciendo ser policía. Al ser cuestionado por no llevar uniforme, el hombre aseguró que iría a cambiarse, pero nunca regresó. El hecho, que no fue aclarado oficialmente, reavivó las sospechas de Beller sobre posibles maniobras de amedrentamiento en su contra.

“Lo que me pasó no fue un hecho aislado de violencia, sino un crimen de Estado”, afirmó Beller en sus redes sociales, al reclamar garantías de seguridad y transparencia en la investigación.

Mientras la Justicia boliviana avanza con las audiencias y define si concede o no la prisión preventiva a los dos nuevos acusados, la defensa de la abogada insiste en que se investigue a fondo la presunta trama política detrás del atentado. El desarrollo del caso será seguido con especial atención desde Argentina, donde el nombre de Fernando Cerimedo ya generó fuertes repercusiones en el ámbito político y judicial.

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