La ex titular de ANMAT vuelve a declarar por el fentanilo contaminado

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La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, volverá a presentarse este lunes ante la Justicia federal para ampliar su declaración en la causa que investiga la producción y distribución de fentanilo contaminado por parte de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., un escándalo sanitario que habría derivado en casi 100 muertes en todo el país.
Bisio ya había comparecido ante el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, ocasión en la que presentó un escrito y se negó a responder preguntas. En esta nueva citación, se espera que brinde mayores precisiones sobre el rol de los organismos de control en las inspecciones previas a la salida al mercado de los lotes cuestionados.
La ex funcionaria recuperó la libertad semanas atrás, al igual que Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), tras el pago de una caución de 75 millones de pesos cada una. Su detención se había concretado en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, mientras que Mantecón Fumado se presentó de manera espontánea en una dependencia policial acompañada por su abogado.
El expediente tiene como figura central al empresario Ariel García Furfaro, ligado al kirchnerismo y dueño de los dos laboratorios investigados, junto a su madre y otros integrantes de las firmas. El 20 de agosto se cumplió un año del derrumbe del denominado “clan García Furfaro”, a partir de las primeras detenciones y allanamientos en plantas productivas y depósitos.
Un caso de criminalidad compleja y fallas de control
La calificación del caso como un hecho de “criminalidad compleja” por parte de los fiscales federales dio marco a una pesquisa que apunta a un “conglomerado empresarial organizado” con capacidad para producir y distribuir medicamentos en todo el país. El foco está puesto en los controles insuficientes y en las presuntas irregularidades dentro de los organismos de fiscalización.
Las pericias realizadas durante la investigación confirmaron que los lotes 31.202 y 31.244 del opioide fentanilo estaban contaminados con bacterias multirresistentes: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Esas partidas fueron distribuidas en múltiples hospitales y centros de salud del territorio nacional, lo que amplificó el impacto sanitario y puso en alerta al sistema público y privado.
Los informes también establecieron que ANMAT e INAME habían detectado fallas graves en inspecciones previas sobre las plantas de HLB Pharma y Ramallo S.A., pero que esas observaciones no se tradujeron en medidas de fondo. Pese a las advertencias, las empresas continuaron operando sin restricciones significativas.
El quiebre en la producción y el avance de la causa
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el punto de inflexión se produjo el 18 de diciembre de 2024, fecha en la que se fabricaron los lotes que luego resultarían contaminados. Las partidas comenzaron a distribuirse en enero de 2025, cuando empezaron a detectarse infecciones graves asociadas a su uso en distintos establecimientos de salud.
Mientras el expediente avanza sobre la cadena de responsabilidades empresarias y estatales, García Furfaro permanece alojado en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, en el pabellón 6. Según trascendidos, mantiene una rutina diaria que combina actividad física, lecturas y encuentros gastronómicos con otros internos, utilizando mercadería adquirida por su entorno.
- La causa investiga presunta responsabilidad penal de directivos de laboratorios y ex funcionarias de control sanitario.
- Se analizan fallas de fiscalización y la trazabilidad de los lotes de fentanilo distribuidos en hospitales del país.
La investigación por el fentanilo adulterado expone las debilidades estructurales en los controles sobre medicamentos críticos y reabre el debate sobre la seguridad sanitaria en la Argentina.
Con la nueva declaración de Bisio, el juez Kreplak y los fiscales buscan precisar la cadena de decisiones y omisiones que permitieron que un medicamento de uso hospitalario, altamente sensible, llegara contaminado a pacientes de todo el país. El avance del proceso será clave para delimitar eventuales responsabilidades penales y para definir futuras reformas en los mecanismos de control de medicamentos.

