Rechazo proteccionista a ley que equipara refugios y criaderos

Proteccionistas advierten por el impacto del proyecto de ley

NewsITe

Organizaciones proteccionistas expresaron un fuerte rechazo al proyecto de ley que busca regular refugios, hogares de tránsito y criaderos de animales en la Argentina. Referentes del sector advirtieron que la iniciativa, impulsada por la diputada libertaria Karen Reichardt, equipara realidades completamente distintas y podría poner en riesgo el trabajo solidario que hoy sostienen miles de voluntarios en todo el país.

Desde Callejeritos Villa Elisa y Casa Refugio, de Capilla del Señor, señalaron que la propuesta “esconde un negocio” y denunciaron que igualar refugios con criaderos legitima espacios de explotación animal bajo el mismo paraguas regulatorio que quienes rescatan, rehabilitan y buscan familias para perros y gatos abandonados.

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Laura Parodi, miembro fundadora de Callejeritos Villa Elisa, consideró que “la ley que busca regular refugios y criaderos es, básicamente, un engaño”, porque los objetivos de unos y otros son opuestos: mientras los refugios intentan dar una segunda oportunidad a animales rescatados, los criaderos funcionan con fines comerciales y, en muchos casos, en condiciones de maltrato. Para la proteccionista, cualquier normativa debería apuntar a fortalecer el trabajo de quienes rescatan, y a la vez endurecer controles y sanciones sobre los criaderos.

En la misma línea, Eduardo, voluntario de Casa Refugio, calificó al proyecto como “una aberración” y cuestionó la creación de un registro nacional que, según su mirada, podría usarse más para controlar que para acompañar. Advirtió que los requisitos planteados —plan de evacuación, sistemas contra incendios, pagos mensuales o la obligación de contar con un director técnico veterinario permanente— son difíciles de cumplir para espacios sostenidos casi exclusivamente por donaciones y trabajo voluntario.

Refugios al límite: costos, carencias y solidaridad

El testimonio de Casa Refugio grafica la fragilidad del sistema actual. El predio, cedido por la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, alberga unos 55 perros estables y otros tantos en tránsito. Los voluntarios deben cubrir gastos veterinarios que rondan entre 1 y 1,5 millones de pesos mensuales, destinados a atender animales atropellados, heridos o en estado crítico. A eso se suman obras urgentes: renovación de alambrados y construcción y reparación de caniles que demandan varios millones de pesos.

El día a día se sostiene con muy poco personal estable y el acompañamiento de voluntarios que se turnan para alimentar, controlar y contener a los animales. La situación se repite, con matices, en decenas de grupos proteccionistas del país. En el caso de Callejeritos Villa Elisa, el trabajo se desarrolla sin un refugio físico: los animales viven en hogares de tránsito, guarderías y casas particulares, mientras la agrupación recauda fondos mediante ferias, rifas, eventos y campañas en redes sociales.

Parodi subrayó que sus principales urgencias son más hogares de tránsito y ayuda económica para cubrir internaciones y tratamientos de animales que llegan en riesgo de vida. Eduardo, por su parte, insistió en que una ley pensada desde el escritorio, sin diálogo con quienes trabajan en territorio, puede paralizar la respuesta rápida ante emergencias y desalentar la solidaridad ciudadana.

Qué reclaman las organizaciones y cuál es el trasfondo de la discusión

  • Una legislación diferenciada que no equipare refugios con criaderos y proteja la labor voluntaria.
  • Apoyo estatal concreto: presupuestos, programas de castración masiva y campañas de adopción.
  • Controles estrictos y sanciones efectivas contra el maltrato animal y la explotación en criaderos.
  • Políticas públicas sostenidas de educación y concientización sobre tenencia responsable.

Para los rescatistas, el problema de fondo excede al proyecto puntual. Sostienen que los refugios existen porque el Estado no responde adecuadamente y faltan políticas integrales: educación desde la escuela, castraciones gratuitas y constantes, persecución real del maltrato y un sistema que garantice la aplicación efectiva de las leyes vigentes. Sin ese andamiaje, advierten, cualquier regulación que sume exigencias sin recursos terminará asfixiando a quienes hoy suplen la ausencia estatal.

“Lo que debe cambiar es la cultura. Si una ley te exige requisitos imposibles cuando hacés una labor 100% voluntaria, se vuelve una aberración”, resumió Eduardo, voluntario de Casa Refugio.

Tanto Callejeritos Villa Elisa como Casa Refugio llamaron a la comunidad a seguir colaborando. Las agrupaciones reciben donaciones económicas, alimento, materiales de construcción y mano de obra, al tiempo que remarcan que la presión social y la participación ciudadana son claves para frenar el abandono y el maltrato animal en todo el país.

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