La máxima pena fue solicitada para Adrián Domingo Meisner, Gregorio Florentino Mancilla, Enabel Otilio Cappa y Omar Andrada. Como medida cautelar, se requirió la prisión preventiva de los ocho imputados a quienes se los juzga por los crímenes cometidos en perjuicio de 62 víctimas, en el ámbito de la jurisdicción del Área Militar 132. En la megacausa interviene la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, representada por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Álvaro Baella.
De la Redacción de EL NORTE
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La Unidad de Derechos Humanos de Rosario solicitó el pasado 11 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, la imposición de penas de prisión perpetua para cuatro acusados y las condenas de entre seis y ocho años de prisión para los otros cuatro, por haber cometido crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 62 víctimas durante el terrorismo de Estado, cuando integraban el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército de nuestra ciudad y las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Un corte programado en el sistema del Poder Judicial el pasado 11, obligó a disponer un cuarto intermedio hasta el miércoles de esta semana.
De esta manera, la fiscalía, representada por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Álvaro Baella, solicitó ante los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario que declaren los crímenes juzgados como “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio implantado en nuestro país”.
Asimismo, el fiscal Villatte requirió, ante la posibilidad de una sentencia condenatoria, la inmediata detención de todos los imputados en carácter cautelar, bajo la modalidad de prisión preventiva.
En el inicio de la exposición, el auxiliar fiscal Baella señaló que “aún hoy en día, habiendo pasado 50 años de la ocurrencia de los hechos, los imputados no han demostrado remordimiento alguno y mucho menos voluntad de subsanar los hechos causados, de modo alguno aportando información que permita esclarecer los hechos que aquí se investigaron”.
La intervención de la fiscalía no pudo finalizar su alegato a un corte programado en el sistema del Poder Judicial, lo que obligó a disponer un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, que se realizará este 26 de agosto.
Unificación de causas
En el juicio, que comenzó el 14 de marzo de 2024, se abordó la unificación de cuatro causas judiciales: “Marfott de Trod”, “Berg”, “Santillán”, “Francioni” y “Comolli”. Se trata de crímenes cometidos en el ámbito de la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste provincial y que estuvo bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant. Durante las audiencias declararon más de 100 testigos, entre vecinos, víctimas y familiares.
En su comienzo, se abordaban también los casos de otras 17 víctimas por los cuales se encontraban imputados Hubo Bellet, Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa, quienes fallecieron durante el juicio, por lo que se declaró extinta la acción penal.
Pedido de penas
Al cabo de 14 jornadas de alegato fiscal, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso el pedido de las penas para los acusados. Para Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla, excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, pidieron la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser considerados coautores de los delitos correspondientes a la causa “Marfott de Trod”, de allanamiento ilegal, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de una víctima.
En cuanto a los exoficiales de la delegación San Nicolás de la DIPPBA, vinculados con los hechos de la causa “Santillán”, la fiscalía solicitó ocho años de prisión para Miguel Ángel Amarillo y seis años para Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi por ser coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas, y por los tormentos agravados por tratarse la víctima un perseguido político. En el caso de Amarillo en perjuicio de tres víctimas y con respecto a Parodi y Calabresi contra una. Asimismo, a los tres se solicitó la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
En cuanto al exoficial Enabel Otilio Cappa, los representantes del MPF solicitaron la prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de los mismos delitos en perjuicio de seis víctimas, sumado al homicidio de estas mismas seis personas.
Con respecto al excoronel Carlos Manuel Biglieri, quien al momento de los hechos ocupaba el cargo de subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, la fiscalía pidió seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena como coautor de los crímenes vinculados a la causa “Comolli”, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y por haber durado más de un mes; tormentos agravados por tratarse la víctima un perseguido político; y allanamiento ilegal.
Por su parte, solicitó la prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para el exmayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, Omar Andrada, al ser considerado coautor de los hechos vinculados a las causas “Santillán”, “Berg”, “Francioni” y “Comolli” por delitos como privación ilegítima de la libertad, con distintos agravantes como empleo de violencia y amenazas, duración de más de un mes y ser la víctima un perseguido político; allanamiento ilegal; robo, agravado por ser en poblado y en banda; y por homicidio, agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Casos juzgados
Entre los distintos casos juzgados -según se detalla en el sitio del Ministerio Público Fiscal de la Nación- se encuentra el allanamiento ilegal sufrido por la familia Berg en la ciudad de San Nicolás. En la causa también se abordan los delitos de privación ilegítima de la libertad cometidos en 1976 en perjuicio de un grupo de víctimas —militantes, en su mayoría, del Partido Comunista—, en concurso real con el delito de torturas y con el homicidio agravado de dos personas.
Además, en el juicio también se aborda el allanamiento ilegal de la casa de los militantes Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, ubicada en las calles Schubert y Chopin en San Nicolás, perpetrado el 17 de noviembre de 1976 por fuerzas de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Según se pudo acreditar en el debate, en ese hecho fue asesinado el cuidador de la vivienda, Ignacio Valetin Sabena, luego de ser sometido a torturas. Los integrantes de la comitiva policial llegaron allí con la información de que quienes se encontraban en el lugar integraban la organización Montoneros.
Por otro lado, en la causa “Santillán”, se abordan los hechos que tuvieron, entre otras víctimas, a los militantes políticos Benjamín Santillán, Carlos Alberto Aranda, María Cristina Lanzilloto, Carlos Gerardo Pérez, Leonor Genoveva Pierro e Irenes Ballester, que fueron detenidos y se encuentran desaparecidos. Todos ellos, integraban la “Regional Norte-Norte” o “Riberas del Paraná” del ERP. El caso que da nombre al expediente es el del militante Santillán, secuestrado el 9 de noviembre de 1976 por fuerzas militares y personal de la DIPPBA, a la salida del bar “Esso” en la avenida Savio de la ciudad de San Nicolás.
En tanto, en la causa “Francioni” se juzgan los hechos que tuvieron como víctimas a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Pergamino, mientras que en el expediente “Comolli”, se juzga la persecución de obreros metalúrgicos con participación sindical, mayormente de la agrupación Felipe Vallese.
