El decreto previsional que reabre la pelea por el Tribunal Superior
NewsITe
La decisión de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz de otorgar la jubilación a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia encendió una nueva disputa política e institucional en la provincia. La medida, que alcanza a René Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña, activa de manera directa el Decreto 608/2024 firmado por el gobernador Claudio Vidal, que fija plazos estrictos para el cese de los agentes que obtienen el beneficio previsional.
Las tres magistradas forman parte de un paquete de 27 jubilaciones aprobado por el Directorio de la Caja, pero su caso genera un fuerte impacto porque, de hacerse efectivos los retiros, el máximo tribunal pasará de nueve a seis integrantes y se abrirán vacantes que deberán cubrirse con nuevos pliegos enviados por el Ejecutivo y tratados por la Legislatura. En términos políticos, esto podría darle a Vidal la chance de reconfigurar la correlación de fuerzas dentro de la Corte santacruceña.
El punto de conflicto es el alcance del Decreto 608/2024. La norma establece que, una vez concedida la jubilación ordinaria, el organismo empleador tiene 30 días para disponer el cese del funcionario. Sólo prevé una prórroga, por única vez y hasta 180 días, cuando existan razones de servicio excepcionales y debidamente fundamentadas en un acto administrativo. Vencidos esos plazos, el cese opera de pleno derecho, sin necesidad de una nueva resolución.
Por ahora, las salidas no son automáticas. El Poder Judicial debe completar el circuito administrativo interno y todavía está habilitado a solicitar esa prórroga. Sin embargo, si la extensión no se pidiera o fuera rechazada, el Tribunal quedaría con tres sillas vacías en un contexto de fuerte debate sobre su integración y su grado de independencia frente al poder político provincial.
Antecedentes de la reforma y acusaciones cruzadas
El trasfondo del conflicto remite a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros, dispuesta por la Ley 3949 durante la gestión anterior. Los cuatro nuevos vocales fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y su designación fue cuestionada por sectores opositores y por parte de la propia Justicia, entre ellos las tres juezas hoy alcanzadas por las jubilaciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó habilitando la reforma al revocar una sentencia provincial por falta de legitimación de quienes la habían impugnado.
En este marco, un intento de avanzar con un juicio político contra Fernández, Mercau, Ludueña y el vocal Fernando Basanta fracasó recientemente en la Legislatura. La comisión respectiva rechazó el pedido por falta de votos y el expediente fue archivado. El otorgamiento de las jubilaciones aparece ahora como una vía indirecta para volver a modificar la composición del tribunal, esta vez a través del régimen previsional y los plazos fijados por el decreto de Vidal.
Defensa de las juezas y posibles demandas judiciales
El abogado de las magistradas calificó el procedimiento como una jubilación compulsiva y presentó una intimación administrativa. Adelantó, además, que podría recurrir a la Justicia para cuestionar la validez del decreto en cuanto a la reducción de los márgenes previstos por la ley previsional y su eventual afectación de la garantía de inamovilidad judicial, piedra angular de la independencia de los jueces.
- Se cuestiona que un decreto reglamentario restrinja derechos establecidos por ley.
- Se advierte sobre una eventual violación de la inamovilidad de los magistrados.
- Se prevé una posible judicialización que podría escalar hasta instancias superiores.
La acusación central de sectores opositores es que el gobernador buscaría conformar una mayoría propia en el Tribunal Superior y construir así un blindaje político. Desde la gestión provincial niegan esa intención y sostienen que la reforma apunta a transformar una estructura judicial heredada.
Por el momento, las jubilaciones están otorgadas pero los ceses aún no se hicieron efectivos y el Tribunal Superior continúa formalmente integrado por nueve vocales. El reloj, sin embargo, ya empezó a correr: el Decreto 608/2024 mantiene vigentes el plazo de 30 días y la posibilidad de una única prórroga de hasta 180 días. Lo que se resuelva en ese lapso definirá no sólo el futuro de las tres juezas, sino también el equilibrio interno de la Justicia santacruceña y el alcance real del poder del Ejecutivo sobre su máximo tribunal.
